Buenos Aires, jun 25 (ANP).- El panorama económico desolador que había dejado el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 fue el punto de partida que necesitó el menemismo para legitimar la fiebre privatizadora que se extendió en Argentina durante la primera mitad de la década del ’90, y que tuvo a la detestada ENTel como punta de lanza de una ola de ventas de empresas públicas que terminarían sin excepción bajo la lupa de la Justicia.

La promesa del entonces presidente Carlos Menem era que los usuarios por fin tendrían un servicio de buena calidad, en tanto que el Estado dejaría de hacer eso que hacía horriblemente mal -gestionar servicios públicos- para abocarse a gobernar, algo que generalmente le salía peor.

Hay que admitir que, hasta entonces, lo de ENTel más que servicio era un castigo porque el maltrato que dispensaba a sus clientes rayaba en lo patológico. Basta recordar que para obtener una línea había que esperar un mínimo de 20 años, que la línea funcionaba sólo cuando se le daba la regalada gana, que pedir reparación era casi un acto de fe en Dios, y que las conversaciones solían ligarse sin que nadie diera una solución. Sin contar que el precio del servicio tampoco era barato y sin hablar tampoco del Plan Megatel de 1987, que comenzó con la consigna de mejorar el servicio pero que terminó en una megaestafa.

Un dúo para la desgracia

Para iniciar la aventura privatizadora, Menem llamó a su ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi, quien a su vez convocó a alguien que se convertiría en todo un símbolo de la fiesta del menemismo, la fallecida ingeniera María Julia Alsogaray, aquella señora temida por sus subalternos, muy recordada por haber posado cubierta tan solo con un tapado de piel para la revista Noticias.

Se dice que Dromi pensó en Alsogaray como la mejor ficha posible para encargarse de la intervención de ENTel mientras durara el proceso de privatización. Dromi había sido el arquitecto meses antes de la Ley de Reforma del Estado, que dictó las bases para avanzar en las privatizaciones y que dio pie al decreto 731/89 firmado por Menem en septiembre de 1989

Mientras Dromi y su equipo pulían los detalles de cómo se haría la venta, María Julia se encargó de lo que mejor sabía hacer: buenos negocios y no necesariamente prolijos. Pronto los sindicatos empezaron a denunciar que los empleados de ENTel sufrían acoso y aprietes para que se jubilaran, retiraran o simplemente se fueran. Para cuando la ingeniera finalizó su labor, el plantel de unos 42.000 trabajadores había quedado reducido a menos de la mitad. Sin embargo, no era el único cuestionamiento que se le iba a hacer a la feroz interventora.

Los cerebros detrás de la venta de ENTel finalmente decidieron que se privatizara el 60% de las acciones y que se dividiera esa parte del paquete en dos concesiones, una para dar servicio en la región norte del país y otra para atender al sur. El Estado retuvo el 30% de las acciones y el 10% remanente se utilizó para crear un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores.

Fue así que el 25 de junio de 1990 se anunció que la empresa Telefónica de España, en un consorcio del que participaba Bell de EE.UU., se quedaba con la región sur del servicio, iniciando el desembarco de firmas multinacionales en Argentina, proceso que se extendería con éxito hasta casi finales de la década. El área norte quedaría a cargo de Stet France Telecom.

Haciendo cuentas

La primera travesura de María Julia Alsogaray durante su controvertida intervención de ENTel fue subir las tarifas en sólo un par de meses hasta que los valores acumularon un alza de más de 300%. Eso, junto con el recorte abrupto del plantel, la hicieron acreedora de una bien ganada mala fama, siendo rápidamente catalogada como lo peor del menemismo ante la opinión pública.

En la intervención de ENTel más de la mitad del plantel de la estatal perdió su trabajo

La segunda falta todavía más grave significó un enorme pasivo del que tuvieron que hacerse cargo los argentinos. Además de la deuda que la compañía ya arrastraba, la intervención de María Julia le sumó contratos millonarios con firmas privadas entre los que descollaba el de Siemens, por más de US$ 800 millones. De esta forma, el pasivo de ENTel pasó a cerca de US$ 1200 millones, cifra astronómica para esos años que, como ya es parte de folclore local, terminó siendo íntegramente absorbido por el Estado a través del ente ENTel Residual que había quedado tras la privatización para liquidar las cuestiones pendientes, que mayormente eran juicios iniciados a empresas privadas.

El monto de la operación fue otro de los grandes ejes de conflicto. Telefónica desembolsó US$ 114 millones en efectivo y más de US$ 2.700 en títulos de la deuda externa, mientras que Telecom aportaría 100 millones y unos 2.300 millones por tales conceptos. Según consultores y analistas de la época, la empresa valía dos veces más.

El traspaso de ENTel concluyó con pataleos y severas críticas, entre ellos la sospecha más tarde comprobada de que en la operación se transfirieron a las concesionarias privadas bienes que ni siquiera pertenecían a ENTel. En resumen, el vasto entramado de irregularidades cometidas en la ex prestadora estatal dejó como “pesada herencia” varias causas judiciales por corrupción que tuvieron un largo derrotero en los juzgados.

Mientras que a Dromi le tocó responder por otras privatizaciones -su imagen estuvo más ligada a los escándalos en Aerolíneas Argentinas-, María Julia Alsogaray cargó con todo el peso de lo hecho en ENTel. Uno de los juicios derivados de la causa madre le significó una condena a cuatro años de prisión por fraude a la administración pública.

De hecho, aquellos pleitos en torno a ENTel incluso sobrevivieron a la ex funcionaria. El año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativa Federal confirmó un fallo de primera instancia que había condenado a Telefónica a pagar cerca de $ 1.700 millones al Estado argentino, a partir de una denuncia radicada 20 años antes. Se trataba de dinero cobrado por cuenta y orden de ENTel por gestiones de cobranzas que estaban pendientes al momento en que Telefónica se hizo cargo del servicio, y que nunca fueron a las arcas del Estado argentino. Hasta el momento, la causa está parada tras una apelación de la empresa.

Dromi, quien ya va por los 75 años, se excusó hace algún tiempo ante el medio Aire de Santa Fe, que quiso entrevistarlo acerca de sus memorias sobre aquellas viejas andanzas. “Pasó mucho tiempo, y la gente se está olvidando”, contestó con no poca razón, en un país donde los escándalos se superponen a una velocidad que supera por mucho al ritmo de la Justicia.

 

 

 

 

Por NP