BUENOS AIRES (ANP).- El ex defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguró hoy que “Argentina no tiene las condiciones necesarias para segmentar tarifas” y recordó que las audiencias públicas para debatir el aumento de los servicios públicos como el agua, gas y luz “no son vinculantes”.
“He participado en infinidad de audiencias públicas y Argentina no tiene condiciones para segmentar tarifas porque no hay un servicio universal. La segmentación se da en países con regulaciones claras y condiciones de provisión de los servicios públicos de calidad”, dijo Mondino en declaraciones a CNN Radio.
Y agregó: “Si la idea es segmentar por localidad geográfica, es una cuestión sin mucho sustento. Que alguien viva en determinado barrio no lo hace diferente ante otros ciudadanos que viven en otro lugares sobre el poder adquisitivo para pagar una tarifa. Es casi ridículo plantear la segmentación tarifaria geográfica”.
Recordó que existe una convocatoria a audiencias públicas “y a partir de ahí se abrirá un debate con los entes, usuarios y se sacarán las resoluciones con los aumentos tarifarios”, pero “en el kirchnerismo las audiencia son relativas y cumplen un rol formal”.
“Argentina está obligada ante el Fondo Monetario Internacional” aumentar las tarifas. ”La magnitud del aumento va a ser la discusión política”, concluyó.
El dato de IPC de 6,7% en marzo, el más alto en 20 años, sin duda fue la primera batalla perdida en la «guerra a la inflación» que el gobierno de Alberto Fernández le declaró recientemente al alza sostenida de los precios, que promete ser la primera de las difíciles pruebas que se aproximan para el bolsillo de los consumidores argentinos.
El próximo combate será el de las tarifas de luz y gas, que junto con los alimentos básicos fue el ítem que sobrecalentó el IPC de marzo, con un avance de 7,7% mensual del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
En el primer trimestre de 2022, este ítem ya acumula un encarecimiento de 12,7% mientras que muestra un aumento de 38,3% en la comparación con marzo de 2021, en ambos casos por detrás del nivel general del IPC. Un retraso que el gobierno buscará acortar con el nuevo esquema de tarifas de luz y gas que regirán desde junio próximo, a pesar de la oposición kirchnerista, y que tendrá impacto directo en la actividad de industrias y comercios.
La discusión por las tarifas de luz y gas por redes, así como la segmentación de los subsidios para estos servicios, comenzará con las audiencias públicas previstas para el 10, 11 y 12 de mayo, según lo confirmó ayer la Secretaría de Energía en un comunicado.
Con este ajuste en el horizonte cercano, parece difícil que se cumpla el pronóstico expresado por el Banco Central el pasado miércoles, cuando anunció una suba de la tasa de la Leliq al tiempo que anticipaba que ya se está observando una desaceleración de la tendencia inflacionaria, que mostraría un debilitamiento en la medición de abril.
La promesa parece una expresión de deseo más que una estimación sólida, sobre todo porque varios expertos del área energía coinciden en que los aumentos que se reflejarán en las boletas de luz y gas en la segunda mitad del año distan mucho de lo que promete el esquema ideado por el Ministerio de Economía.
La Secretaría que conduce Darío Martínez recordó que ninguno de los usuarios que cuentan con tarifa social de gas será alcanzado por los ajustes que llegarán este año, y que quienes tienen subsidio para la luz en el área del AMBA sólo verán en sus facturas un incremento de no más de 6% en promedio a partir de junio.
Además, el 10% de usuarios residenciales de gas y electricidad que tengan mayor capacidad de pago dejarán de recibir el beneficio de subsidio a la energía, agregó la Secretaría, con lo cual la mayoría de los clientes de Edenor y Edesur deberán abonar sus facturas de luz con una corrección en promedio del 17%, que treparía a 21,5% para los usuarios de gas de todo el país.
Desde el gobierno, insistieron en que durante las audiencias se apuntará a fijar «tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva», de acuerdo a «criterios y directrices de gradualidad y proporcionalidad» adecuadas a lo que establece la Constitución.
Por otra parte, la Secretaría señaló que para el 90% de los usuarios residenciales, el mecanismo de actualización tarifaria asegura que los ajustes en las facturas siempre sean inferiores a la suba de los salarios.
La propuesta oficial establece además criterios para el año que viene, entre ellos, que los usuarios de gas con tarifa social tendrá un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, en tanto que el resto de los usuarios pagarán un incremento que será el 80% del CVS).
Sin embargo, los aumentos proyectados fueron puestos en duda incluso por sectores oficialistas que responden a Cristina y Máximo Kirchner y a los referentes de La Cámpora. De hecho, un informe de la subsecretaría de Energía Eléctrica cuestionó a su propio jefe al advertir que para la mayoría de los usuarios de electricidad, quienes no cuentan con tarifa social ni subsidio alguno, deberán enfrentar aumentos de hasta 65% cuando entre en vigencia el nuevo cuadro tarifario.