El Gobierno ya autorizó en el primer trimestre un aumento del déficit fiscal, tanto primario como financiero, de $101.079 millones por sobre lo establecido en la ley de Presupuesto, a través de dos decisiones administrativas.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el resultado fiscal tuvo una desmejora de $ 48.751 millones mediante la D.A. 242/2023, a los que deben sumarse $ 52.328 millones de incremento del déficit primario y financiero que se había formalizado a través de la D.A. 122, publicada el 22 de febrero.
Si bien es habitual que el Poder Ejecutivo recurra a modificaciones presupuestarias por los efectos de una inflación no reconocida en la elaboración de la ley de Presupuesto, no es habitual que cambios de esta magnitud se formalicen en los primeros meses de un año, como ocurrió en esta oportunidad.
La decisión administrativa 4 de enero de este año dispuso la distribución del Presupuesto, sin que se registraran diferencia en relación con la ley 27.701 sancionada por el Congreso.
El déficit primario de la Administración Pública Nacional previsto para todo 2023 ascendía en la versión original del Presupuesto a $ 3.743.545 millones y el financiero a $ 6.399.853.
Con los incrementos autorizados en las decisiones administrativas 122 y 242, el déficit primario ya tiene un aumento del 2,70% por sobre la previsión original y el financiero un alza del 1,58%.
El 29 de marzo se publicaron en el Boletín Oficial las decisiones administrativas 241, que supuso una compensación de créditos entre jurisdicciones, que no modifica el gasto total, ni tampoco su distribución entre finalidades ni carácter económico, y 242, que aumentó el gasto en $55.709 millones y el cálculo de los recursos en $6.957 millones, incrementando los déficits primario y financiero en un total de $48.751 millones.
Dicho resultado negativo tuvo como contrapartida un incremento del financiamiento neto, precisó la OPC.