Buenos Aires (ANP) – La resolución publicada hoy por el gobierno que prohíbe de ahora en más fijar aportes compulsivos en base a la nómina salarial con destino a institutos o fundaciones que pertenecen a las propias cámaras empresarias que firman convenios colectivos con los sindicatos es un ataque directo otra de las consideradas «castas» por los libertarios.
Se trata de un golpe directo a una de las fuentes de financiamiento más importantes de las entidades cuyos dirigentes son los más activos ante los medios de comunicación. Según impulsó desde el Ministerio de Desregulación, con respaldo de la diputada Marcela Pagano, de ahora en mas cuando las entidades patronales firmen con su contraparte sindical y convenio colectivo, no se podrá incluir artículos que impliquen aportes obligatorios de las empresas en función de su nómina salarial.
Aunque las miradas se posan sobre un instituto prácticamente inexistente que se supone que es para capacitación del personal del gremio de comercio, la verdad es que las implicancias son más amplias. El INACAP es en realidad un ente con 15 empleados cuyos directivos trabajan ad honorem. La entidad no organiza cursos para empleados, solo reparte el dinero que recibe entre las entidades de base que son las que se supone, arman los cursos.
El punto es el siguiente: los aportes de INACAP, que son de unos $5.000 por empleado, lo tienen que pagar todas las empresas del sector comercial, estén o no estén afiliadas a una cámara de base. Es decir, es un mecanismo de financiamiento compulsivo similar al que ejercen los sindicatos para capturar aportes de empleados no afiliados.
Esto nació en 2008 y tiene una explicación. Las cámaras que firman paritarias en general, son entidades de tercer grado. No representan empresas de manera directa, sino a cámara de segundo grado, que a su vez representan entidades de primer grado. Dicho de otro modo, una pyme de Lomas de Zamora se afilia a la Cámara de Comercio de Lomas, que a su vez puede estar asociada a una federación, que a su vez se asocia a una confederación. Es así que algunas entidades de tercer grado solo tiene como socios a no mas de un centenar de cámaras que tienen que financiar las actividades.La «afiliación compulsiva» era un mecanismo para obtener fondos muy importantes. En el caso del comercio con 1,2 millones de afiliados, registra una recaudación para el INCAP de $6.000 millones mensuales.
El INACAP es administrado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad está actualmente conducida por un dirigente chaqueño Alfredo González, a quienes empresarios de esa entidad asocian políticamente al ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich. De hecho, ex dirigentes de CAME presentaron una denuncia contra Alvarez por mal manejo de fondos. Sostienen que los recursos para «formación de personal» se destinaban la mayoría a la entidad de base de Chaco mientras que a las entidades opositoras a la conducción les restaban recursos.
Otras entidades empresarias de otros sectores, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) estaría en una situación similar al INACAP.