BUENOS AIRES (ANP) La ampliación presupuestaria que se dio a conocer el 27 de marzo, a pesar de representar el 36% del cálculo prorrogado, se tornará insuficiente para todo el año y el gobierno de Javier Milei se verá obligado a dictar, por lo menos, un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para cubrir las formalidades administrativas.
Así lo sostuvo la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en un análisis que dejó en evidencia que el DNU 280/24 no alcanzará para que la ejecución presupuestaria se amolde a la autorización de un Presupuesto muy particular: fue elaborado por Martín Guzmán en 2022, ejecutado por Sergio Massa en 2023 y prorrogado para que en 2024 lo ponga en práctica Luis Caputo, sobre el supuesto de una inflación anual del 60% totalmente desfasada de la realidad.
La autorización de gastos del Presupuesto original (en realidad, la ley más las modificaciones establecidas a lo largo de 2023) era de $40.250.029 millones y el DNU 280/24 sumó $14.483.403 millones, con lo que el nuevo crédito en vigencia pasó a ser de $54.733.432 millones.
El tándem Milei-Caputo pasó el primer trimestre de 2024 con las complicaciones presupuestarias que suponen todas las prórrogas en un país donde las previsiones de gastos y recursos quedan rápidamente desvirtuadas por los efectos de la inflación y los cambios políticos. Pero en esta ocasión, todo se potenció, con aumentos de los precios minoristas que -a diferencia de prórrogas anteriores- superan el 270% anual y una drástica modificación del manejo del sector público.
Pero la magnitud del recorte del gasto no fue suficiente para evitar el desfase de la ejecución: en el período enero-marzo, completó $15.291.709 millones que, si no se hubiera formalizado el DNU, representarían el 38% del Presupuesto vigente en su etapa devengada, 16 puntos porcentuales por encima del promedio de la última década, transcurrida apenas la cuarta parte del año.
Esa fue la razón principal de la publicación del DNU en el Boletín Oficial del 27 de marzo. Pero aun así los números no cierran, ya que a pesar de la puesta a punto, la Administración Nacional devengó el 27,9% del Presupuesto, es decir que el margen para el resto del año sigue siendo escaso, si se tiene en cuenta que es habitual que en el último trimestre el nivel de ejecución sea más elevado.
Con una ejecución que se encuentra 5,9 puntos porcentuales por encima de la ejecución promedio, sumado a que la inflación prevista para este año es superior a la de los años anteriores, ASAP concluyó que «en los próximos meses va a ser necesario ampliar nuevamente el presupuesto global de gastos».
Entre las posibilidades que ofrece la ley de Administración Financiera, además de un eventual nuevo DNU, está la de presentar al Congreso un proyecto de ley, aunque la opción debe ser descartada a la luz de las dificultades que tiene el gobierno en el parlamento, con minoría en ambas cámaras.
Además, debe descontarse que una futura modificación al Presupuesto implicará más recortes en las transferencias a las provincias, tanto en recursos corrientes como de capital, lo que dificultaría todavía más la aprobación por parte de los bloques de oposición.
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