BUENOS AIRES.- El estado de excepción puesto en marcha en El Salvador y Ecuador disminuyó la tasa de homicidios, pero al mismo tiempo generó un debate sobre la criminalidad en América Latina, donde se cometen violaciones contra los derechos humanos en medio de la pobreza y el desamparo.
El abuso policial, los delitos contra las mujeres, la posibilidad de involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, o la eventual militarización de México, son criticados en sus informes por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (A.I.).
Sin embargo lo ocurrido en El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, donde en 2023 hubo solo 154 homicidios, o sea 2,4 por cada 100.000 habitantes, es considerado el ejemplo a seguir por varios países de la región, preocupados por el aumento de la delincuencia y la pérdida de territorio.
La vigencia del estado de excepción permitió un amplio despliegue policial en zonas olvidadas del país, para detener a cualquier persona vinculada a las pandillas maras, que controlaban este pequeño país centroamericano, conocido por su guerra civil, entre 1980 y 1992.
En enero de 2023, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una mega-cárcel con capacidad para 40.000 presidiarios. Desde entonces, por lo menos 75.000 personas fueron arrestadas, lo que provocó que A.I. dijera que “la violencia gradual de las pandillas fue reemplazada por un Estado de violencia”.
Si bien el control de los grupos criminales causó cierta tranquilidad, generó a la vez la “restricción de la libertad de expresión”, dijo a principios de febrero la defensora de los derechos humanos salvadoreña, Morena Herrera.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro declaró también un estado de excepción parcial el 6 de diciembre de 2022, que luego fue prorrogado varias veces, con el fin de combatir la delincuencia y el narcotráfico.
“Hay que destacar que no es lo mismo una pandilla Mara Salvatrucha que una organización criminal en Rosario. Son estructuras muy diferentes, a causa de su poder y de su control territorial”, opinó el analista internacional Andrei Serbin Pont.
En declaraciones a la agencia Nuevas Palabras, el presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) advirtió que en Rosario los grupos criminales “no confrontan abiertamente con las fuerzas del Estado” y reiteró que la Argentina y El Salvador “son modelos completamente diferentes”.
“La idea de tener una postura de ´mano dura´ apela a cierto electorado y a sectores políticos que quieren explotar esa posibilidad. Por eso, en situaciones de crisis, cuando la gente se siente legítimamente vulnerable, es atractiva la idea de hacer un gran despliegue con fuerzas federales y militares, para traer cierta calma a la población que se ve afectada por esta gran ola de violencia”, dijo el especialista en inteligencia, seguridad global y defensa.
“Rosario lo que necesita son juzgados y fiscalías que funcionen adecuadamente, inteligencia criminal efectiva, bien abastecida y financiada con recursos humanos, y probablemente el despliegue de grupos especiales que permitan ejecutar las órdenes de detención y de allanamiento”, afirmó.
Serbin Pont aseguró que “las fuerzas armadas están destinadas a destruir a un enemigo; por lo tanto, no están capacitadas para funcionar como una fuerza policial”.
El analista internacional comentó que “es problemático postular al propio ciudadano como un enemigo que debe ser destruido” y señaló que “involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior es alejarlas de sus funciones reales, que son la protección de la soberanía frente a las amenazas externas”.
En Ecuador, por otra parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, dijo esta semana a la agencia española EFE que el gobierno de Daniel Noboa logró reducir la tasa de homicidios en un 60%, tras poner en marcha el estado de excepción por 60 días, el pasado 8 de enero, para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.
En 2000, cuando se incrementó la violencia en Ecuador, el gobierno del expresidente Rafael Correa legalizó a las pandillas, apoyando a aquellas personas que quisieran integrarse a la sociedad y trabajar.
Según informes del Banco Mundial, Ecuador pasó de 18 a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2008 a 2018. En 2021 hubo 14 crímenes, de acuerdo a el mismo organismo internacional.
Pero en 2023, el año con más homicidios de la historia del país, la tasa de asesinatos por cada 100.000 personas fue de 42,6, informó la Policía Nacional de Ecuador. O sea, un muerto cada 69 minutos a causa de la violencia.