BUENOS AIRES (ANP) El debate recientemente reinstalado para reducir las horas de trabajo semanal no tiene en cuenta una realidad que marca que dos de cada tres trabajadores realiza tareas por menos de 40 horas semanales, lo que tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados.
Así lo sostuvo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en un análisis en el que indicó que lo que es prioritario es «ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad».
«La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de la Argentina», planteó la entidad dirigida por Jorge Colina, que advirtió la diferencia entre el caso argentino y el de los países desarrollados, donde la preocupación «está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo».
Al respecto, señaló que «en los países desarrollados, el sostenido crecimiento de la productividad laboral lleva a plantear el dilema de si conviene que esto se siga traduciendo en aumentos en las remuneraciones o incrementar el tiempo libre que disponen los trabajadores, dejándolos optar a ellos entre más remuneraciones o más tiempo libre».
Pero, además, la discusión planteada en el Congreso parece desconocer los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que observó que en 2023 un 15% de los asalariados trabaja más de 48 horas semanales, un 19% entre 40 y 48 y un 66% menos de 40 horas semanales, es decir que «en la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida».
«En la mayoría de los casos esto viene asociado con pobreza por bajos salarios y elevada informalidad. El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos», subrayó IDESA, que a su vez precisó que «el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas».
En ese sentido, manifestó que «bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones demanda un inédito aumento en la productividad», ya que «si no aumenta la producción (es decir, la productividad no compensa el aumento de costos), la empresa optará por aumentar los precios de los productos que vende, contratar empleados en la informalidad o directamente suspender la producción y no contratar».
«Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación», aseguró IDESA.
Como posible solución, el Instituto propuso que «para multiplicar los empleos formales es necesario abordar un ordenamiento integral del Estado y la modernización de las instituciones laborales», en un escenario en el que «hace una década que la producción está estancada, la inflación es muy alta y no se generan empleos de calidad».
«Las empresas privadas apenas contratan 6 millones de personas cumpliendo con las normas, cuando hay casi 20 millones de ocupados. Esto es la consecuencia de que desde hace mucho tiempo solo se crean empleos informales (sean en relación de dependencia no registrada o como cuentapropistas) y empleo público», aseguró, para finalizar sentenciando que «en un contexto de tan profunda degradación productiva y laboral, disponer por ley la reducción de la jornada no aportará soluciones, sino más problemas».