BUENOS AIRES, Nov 8 (ANP).- Un inesperado escándalo se desató en torno a la denuncia de 38 alumnos de la Universidad de La Rioja (UNLaR), quienes cursaron una carrera durante más de un año para descubrir que no estaba autorizada, según lo informó El Federal.
Siete de los estudiantes perjudicados presentaron una denuncia penal a mediados de septiembre, que tiene como principal acusado al rector Fabián Calderón, entre otros directivos.
Los denunciantes afirman que cursaron la segunda parte de la carrera de Licenciatura en Enfermería en la sede de Villa Unión de la universidad, y que rindieron exámenes durante más de un año hasta que descubrieron que el curso no existía como tal, ya que no estaba autorizado para ser dictado en ese establecimiento.
En la presentación, los damnificados solicitaron la indagatoria del rector y sugirieron que el motivo del engaño pudo ser una estrategia para ganar las elecciones universitarias en Villa Unión, que estaban próximas a realizarse al momento de anunciarse la carrera.
De acuerdo al planteo del abogado que representa a los estudiantes, las autoridades de la sede de Villa Unión integraban la lista de Calderón y, en coincidencia con la votación, habilitaron la matrícula para todos los perjudicados. En el escrito se consigna que a todos esos alumnos se les solicitó que votasen, y supuestamente, dicha sede fue «la única o casi la única en la cual se ganó las elecciones por el estamento estudiantil del partido de los funcionarios denunciados».
Los alumnos perjudicados ya habían cursado el primer tramo de la carrera en Villa Unión, que sí estaba autorizada para los tres primeros años. Sin embargo, la segunda parte, que otorgaba la licenciatura, solo se podía completar en la sede de la capital de la provincia, o en Chamical.
«Se hizo creer a mis pupilos que cursaban una carrera que ya estaba aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)», lamentó el letrado.
La denuncia penal hace hincapié en que al estallar el escándalo y descubrirse que Villa Unión no tenía autorización para dictar esa carrera, se procedió a cancelar las matrículas y legajos de los alumnos afectados y se los transfirió «arbitrariamente y sin ningún tipo de consentimiento ni autorización por parte de ellos a la sede de capital de la Universidad».
Dado que ese trámite es de carácter personal, el abogado representante consideró que el cambio no pudo llevarse a cabo sin el expreso aval del rector. También detalló que a pesar del traslado de los legajos, finalmente se informó a los estudiantes que tampoco podían continuar allí la carrera, y que no se les iba a reconocer ninguna materia, sin darles una explicación.
La causa se encuentra en el Juzgado Federal de La Rioja, que ahora deberá resolver sobre el pedido de citación a indagatoria de Calderón por el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Además, el abogado pidió la inhibición de los bienes del rector y del resto de los acusados, y que se les trabe un embargo por $ 30 millones.