La sucesión de moratorias transformó a una medida de excepción en el eje mismo del sistema previsional, al punto que en la actualidad sus beneficiarios representan la mayoría del régimen general, sostuvo la economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Nuria Susmel.
En un análisis publicado en la última edición de los «Indicadores de coyuntura» de la entidad, Susmel sostuvo que la moratoria de 2005 «abrió la Caja de Pandora», ya que si bien se utilizó una norma existente desde hacía
varios años antes, se admitió el ingreso «a quienes no cumplían con los requisitos de años de aportes».
El resultado al día de hoy de esa decisión se resume en que «e los 5,5 millones de beneficiarios, más de la mitad
han accedido por una moratoria», generando tanto una caída del haber promedio en términos reales como mayores dificultades en el financiamiento del sistema.
La modificación implantada en el 2005 a la moratoria tradicional permitió «y aún permite, declarar años trabajados como autónomo antes de 1993, completando así años faltantes, sin necesidad de presentar prueba de haber trabajado», facilitando el ingreso a «personas que jamás habían realizado un aporte», indicó Susmel.
«Pero no sólo se pudo acceder a una jubilación, sino que se permitió también reclamar una pensión derivada. ¿Qué significó esto? El ingreso post-mortem de personas al sistema y, luego, ‘dejar’ una pensión a quien correspondiera», añadió.
Susmel admitió que «moratorias existieron siempre» pero las anteriores «consideraban también el objetivo de mejorar las arcas de la seguridad social, permitiendo a afiliados con aportes no realizados ingresar en un plan de pagos para cubrir la deuda».
«La moratoria de 2005, y las subsiguientes, y las subsiguientes son diferentes porque tienen otro objetivo», al coincidir con «un cambio de políticas en la que se pasa de la seguridad social para los trabajadores registrados a la seguridad social universal y, con el objetivo de incluir a todos, la deuda previsional de quienes no cumplían con los años de aportes era pagada mientras se percibían los haberes. Y, como estos descuentos estaban fijados en términos nominales, además, se fueron licuando con el tiempo», aclaró Susmel, que señaló que de esa manera «en los primeros tres años ingresaron 1,7 millones de personas, y más de 4 millones hasta el presente».
En ese marco, advirtió que «como nada es gratis en este mundo, las moratorias fueron agrandando el déficit del sistema, que tenía una tendencia decreciente», pasando de costar 2 puntos del PIB a 2,7 puntos en 2017.
Con la nueva moratoria aprobada en Diputados, «estimaciones oficiales dan cuenta de que podrían ingresar al sistema más de 750 mil beneficiarios.» con un costo previsto de «algo menos de 0,3 puntos del PBI el primer año y 0,42 el segundo», aunque debe aclararse que «esto es acumulativo porque quienes hoy están aportando la Unidad de Cancelación, mañana van a estar accediendo a los beneficios y agrandando el déficit».
Susmel concluyó su trabajo indicando que con tantos casos a lo largo de los años, «la moratoria pasó a ser ‘el’ sistema jubilatorio» y ya dejó de ser una excepción.