BUENOS AIRES (ANP).- El sector de la construcción sufrió una caída de la actividad del 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024, así como la pérdida de 120.000 puestos de trabajo, debido en gran parte a la «casi total paralización de la inversión pública».
Así lo expresó hoy el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, en diálogo con Radio Continental. El dirigente empresarial señaló que también influyó en el deterioro el menor interés de los inversores por comprar viviendas debido a la escalada del costo de construcción en dólares.
«Esos dos factores explican la caída, y desde mediados de 2024 estamos estabilizados. En definitiva, estamos en un serrucho de crecimiento y caída todos los meses, pero si miramos todos los insumos, estamos estabilizando», explicó.
«Sin embargo, quedar planchados en niveles de actividad bajos no es buena noticia. Hay un reclamo permanente de inversión pública nacional, provincial y municipal, las rutas por ejemplo están en muy mal estado», comentó Weiss.
En este sentido, el empresario opinó que paralizar la obra pública para ahorrar dinero mientras la infraestructura se deteriora «claramente no es buen negocio», ya que según cálculos de la Cámara, cuando se llega a un nivel de deterioro serio, el costo para repararlo puede ser veinte veces más que el de haber hecho un mantenimiento preventivo normal. «Es infinitamente más caro», alertó.
Las afirmaciones del empresario llegan tras el dato de actividad de la construcción de julio publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tras una recuperación interanual durante dos meses consecutivos, el indicador arrojó una fuerte disminución del 4,5%, alcanzando una baja de 4,6% en la comparación con junio pasado.
Por otra parte, en relación a los puestos laborales que se perdieron en el sector y la facilidad para reincorporarlos cuando se reactivan las obras, Weiss advirtió que en el área de la construcción no es tan fácil recomponer los planteles una vez que se pierden, ya que muchos de los trabajadores calificados se reinsertan en otras actividades o empiezan a trabajar en forma independiente.
Con el gobierno anterior, si bien había dificultades, había un stock de obras por convenio firmadas con provincias muy importantes que se frenaron prácticamente todos. «Algunos contratos recién empezaban, pero otros estaban entre el 50% al 90%, y eso es un daño monstruoso a la inversión pública porque una vez que se retoman esas obras, lo primero para hacer es verificar si lo hecho sirve, o si hay que hacer todo de nuevo», concluyó.