BUENOS AIRES (ANP).- La ratificación de la pena de seis años de prisión para la expresidente Cristina Fernández de Kirchner de ayer marca un quiebre en la institucionalidad del país y en el escenario político, con consecuencias que aún no son mensurables. Y que la jefa del kirchnerismo haya elegido cumplir su sentencia por corrupción en su departamento de la calle San José, en la Capital, es un dato no menor.
Esto significa que a Cristina nada le impedirá seguir marcando la cancha ya que su balcón en ese lugar —desde donde ayer saludó a quienes manifestaban a su favor— y el espacio de impunidad que ofrece X, donde todos los funcionarios y políticos dan rienda suelta a todo tipo de groserías y absurdos, le permitirán seguir impartiendo sus ideas.
Pero fuera de la anécdota de lo que serán sus diatribas en las redes de ahora en adelante, el gobierno y la oposición enfrentan un nuevo escenario con derivaciones imprevisibles. Nadie puede garantizar que la inhabilitación de CFK de por vida para ocupar cargos públicos juegue a favor de ninguno de ellos en las elecciones legislativas, como no sea para algún candidato ultra k, o incluso un peronista.
Por lo pronto, tanto el protocolo antipiquetes del gobierno como su estrategia contra los paros sindicalistas enfrentarán una etapa en extremo difícil, con varios gremios que ya adelantaron maratónicas huelgas, si bien la CGT anticipó que no convocará a un paro general, por ahora.
En lo inmediato, los gremios de trabajadores estatales ATE y las dos CTA informaron que la lucha con huelgas y movilizaciones recién empieza. También la CATT se sumó a la movida contra lo que los gremios consideran una proscripción política y una «vendetta» de los sectores de poder.
Ya es bien conocida la postura del gobierno en relación a paros y movilizaciones, lo que hace suponer que en las próximas semanas se verá un recrudecimiento de las protestas que pondrán a prueba como nunca al protocolo que aplica en estos casos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y también es de esperar que desde ahora el gobierno deba convivir con el altísimo riesgo de que alguno de esos desmanes terminen en una tragedia que complicaría la carrera del presidente Javier Milei a su reelección, aunque esta esté todavía lejos.