La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazaron hoy el propósito del Gobierno de crear una “empresa testigo” para la comercialización de granos y señalaron al respecto que el mercado local es “transparente” y uno de los de “mayor grado de desconcentración” del planeta.
“Las declaraciones presidenciales en relación con el proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina”, aseguraron las entidades en un comunicado.
Al respecto, indicaron que “no existe un mercado cartelizado sino que en Argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial”.
“En la Argentina operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales”, recalcaron.
En ese sentido, señalaron que “tampoco resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el gobierno tiene un control pleno”, ya que “por un lado, publica el precio FOB, índice que es la referencia para pagar derechos de exportación, como también difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el siogranos”.
“Además registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maíz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas”, manifestaron.
Para las entidades, “el Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados” y en el mundo “las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años”.
Entre los reclamos, CIARA y CEC puntualizaron que “la industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización”, en tanto “la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas”.
“El Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas”.