BUENOS AIRES (ANP).- El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió hoy que los despidos masivos de la administración pública vulneran derechos fundamentales de los argentinos, lo que podría abrir la puerta a denuncias penales contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno.
En un comunicado, el gremio reveló que el monitoreo realizado hasta ahora mostró más de 11.000 despidos en oficinas del Estado y señaló que provocar cesantías masivas implica suprimir derechos fundamentales, «y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal», según palabras de Aguiar.
«No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar», subrayó el dirigente gremial en vísperas de un ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos públicos y ministerios previsto para mañana, en protesta por los despidos de estatales.
Por otra parte, se convocó a un plenario federal para las 15.30 en la sede del sindicato con delegados de todo el país para debatir la profundización del plan de lucha, recordó ATE en el comunicado.
Aguiar explicó que los despidos masivos vulneran la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional porque provocan la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad, y agregó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.
«Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar», alertó.
Aguiar se refería a áreas como educación, salud, seguridad alimentaria «y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional».
«Por otro lado, esta decisión gubernamental violenta pactos internacionales que también tienen rango constitucional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador, en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo, y esto precisamente no es lo que está ocurriendo», añadió.
A su vez, el sindicalista advirtió que si mañana hay violencia y represión durante los ingresos masivos a las dependencias públicas, «la única responsable será la Casa Rosada», y también anticipó que «por culpa del Gobierno, a partir de mañana la conflictividad en el Estado se va a acelerar».
El sindicato definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a partir de las 7, 8 y 9 de la mañana, «dependiendo del funcionamiento habitual de cada delegación», informó ATE.