BUENOS AIRES (ANP) La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) cuestionó hoy el «retroceso institucional» que representa la segunda prórroga consecutiva de la ley de Presupuesto, adujo que la preocupación por la medida excede los aspectos formales e instó al oficialismo y la oposición a volver a negociar, a fin de arribar a un acuerdo que permita la sanción de la ley, aunque sea después del plazo establecido.
La Comisión Directiva de la Asociación dio a conocer su postura tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1131/24, que formaliza la prórroga.
La medida no constituyó una sorpresa ya que el Poder Ejecutivo no convocó a sesiones extraordinarias para el tratamiento del proyecto de ley que el presidente Javier Milei presentó en una inusual cadena nacional el domingo 15 de septiembre.
Para tener una idea cabal de cómo quedó desvirtuada la denominada «ley de leyes», debe tenerse en cuenta que la ley 27.701 comenzó a ser elaborada en abril de 2022, cuando el ministro de Economía era Martín Guzmán; se ejecutó inicialmente en 2023 con Sergio Massa y tanto en 2024 como en 2025 esa tarea le correspondió a Luis Caputo.
Asimismo, en ese lapso, hubo cuatro jefes de Gabinete, el responsable del Presupuesto según la Constitución de 1994: Juan Manzur, Agustín Rossi, Nicolás Posse y Guillermo Francos.
Desde la sanción de la ley de Administración Financiera en 1992, se recurrió a la prórroga mediante decreto del Poder Ejecutivo para los años 2010, 2020, 2022 y 2023, pero en esta oportunidad será la primera vez que la extensión se aplicará dos veces consecutivas.
“La situación que se presenta en 2025 constituye una novedad, ya que es la primera vez que en dos años consecutivos no se cuenta con Ley de Presupuesto”, puntualizó la ASAP, que advirtió que “esta circunstancia constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”.
Para la entidad, “este retroceso no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes”.
Al respecto, resaltó que “el Presupuesto, aparte de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, y como tal incluye las autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública” e “incluye el plan de obras en infraestructura”.
Asimismo, “contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones”, planteó la ASAP.
Por tales razones, la Asociación llamó a “los actores institucionales competentes a alcanzar los acuerdos necesarios para que en el menor plazo posible se pueda aprobar la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional del ejercicio 2025”, más allá de que el plazo para su sanción ya fue superado.