Antes de presentar su renuncia, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, elaboró el informe de avance del proyecto de Presupuesto 2023 que su sucesora, la actual ministra Silvina Batakis, deberá presentar al Congreso no más allá del 15 de septiembre, tal como establece la ley 24.156 de Administración Financiera.
A contramano de la opinión de la mayoría de los economistas y consultoras, la iniciativa parte de los supuestos para el año próximo de una inflación del 50% y un crecimiento del PBI del 3%.
Como una muestra de la endeblez de las proyecciones oficiales, Guzmán se fue de la función pública estimado recién para 2025 una inflación del 33%, el mismo porcentaje que había previsto en el proyecto de Presupuesto 2022 que finalmente no fue aprobado en el Congreso.
No hay que remontarse demasiado en el tiempo para encontrar una situación similar de un proyecto de Presupuesto elaborado por un ministro y presentado por otro: en 2019, fue Nicolás Dujovne el que lo confeccionó y -a diferencia de Batakis- a Hernán Lacunza no lo quedó tiempo para modificar una coma, ya que su asunción al frente del Palacio de Hacienda se produjo 25 días antes del vencimiento del plazo para la presentación de la iniciativa.
Las principales variables en base a las que se realizará la versión final del proyecto de ley son las siguientes:
. PBI: + 3%
. Consumo privado: + 3.2%
. Consumo público: + 2,6%
. Inversión: + 7%
. Exportaciones: + 2,9% (US$ 105.471 millones)
. Importaciones: + 5,7% (US$ 94.723 millones)
. Superávit comercial: US$ 10.748 millones.
. IPC: 50%
. Tipo de Cambio Nominal: $223,50 por dólar.
Mientras los economistas reparan en la paradoja de Guzmán en 2020 ejecutando un presupuesto que no elaboró y en 2022 elaborando el Presupuesto que no podrá ejecutar en 2023, muchos también se preguntan: ¿será Batakis la encargada de ejecutarlo?