Buenos Aires (ANP)- Un informe de la Fundación Mediterránea (IERAL) reveló que, a pesar del notable crecimiento productivo y exportador que atraviesa la minería en el Noroeste Argentino (NOA), el impacto directo de las regalías mineras sobre los ingresos presupuestarios de Catamarca, Jujuy y Salta continúa siendo extremadamente acotado.
En 2025, el conjunto de estas tres provincias alcanzó exportaciones mineras por u$s1.803 millones —impulsadas fuertemente por el litio—, representando cerca del 30% del total nacional del sector. En Catamarca, la minería explicó el 94% de sus ventas al exterior; en Jujuy, el 80%; y en Salta, el 44%. Sin embargo, esta prominencia en el comercio exterior contrasta con su escaso peso en las arcas fiscales provinciales.
Incidencia mínima en los ingresos provinciales
Según las ejecuciones presupuestarias de 2025, las regalías mineras apenas representaron:
- Jujuy: El 0,96% de los ingresos totales de la provincia.
- Catamarca: El 0,46% de sus recursos presupuestarios.
- Salta: Un escaso 0,2% del total de ingresos percibidos.
Esta realidad difiere sustancialmente de la dinámica de las provincias hidrocarburíferas como Neuquén, donde las regalías petroleras y gasíferas constituyen un pilar fundamental para el sostenimiento de las finanzas públicas.
Baja contribución al financiamiento de la infraestructura
El estudio analizó asimismo el papel de las regalías como fuente de financiamiento para la Inversión Real Directa (IRD) y las transferencias de capital entre 2023 y 2025. Los datos muestran que las regalías tampoco cumplen un rol decisivo en el desarrollo de obras e infraestructura pública provincial:
- En Jujuy, financiaron entre el 8% y el 9% de la inversión pública provincial.
- En Catamarca, cubrieron apenas entre el 3% y el 4%.
- En Salta, aportaron entre el 1% y el 5% de dichos desembolsos.
Desafíos fiscales y encadenamientos indirectos
Frente a la imposibilidad de sostener el desarrollo de infraestructura basándose únicamente en la cobranza de regalías, el informe subraya que los gobiernos provinciales enfrentan un desafío fiscal mayor que las jurisdicciones petroleras. Por ello, resulta determinante potenciar los impactos indirectos de la actividad, como la generación de empleo formal —las tres provincias concentran unos 12.520 puestos mineros directos (31% del total nacional)—, el fortalecimiento de la cadena de proveedores locales y la mejora en la administración tributaria general para ampliar la base imponible.
Asimismo, el documento advierte que, al tratarse de recursos naturales no renovables, el gran reto estratégico de la región es aprovechar el actual ciclo de expansión minera para diversificar la matriz productiva y consolidar fuentes de financiamiento sostenibles más allá de la vida útil de los yacimientos.