BUENOS AIRES (ANP) El anuncio por parte del Gobierno de los superávits primario y financiero en junio dejó en evidencia una vieja práctica de todos los funcionarios que hayan pasado y pasarán por la Secretaría de Hacienda, como es la de postergar la ejecución de pagos devengados para que los números cierren positivos o, al menos, no tan negativos como se presentarían de no haber recurrido a la «bicicleta».
La diferencia entre los resultados devengados y los ejecutados no debería sorprender y es una constante de todas las administraciones de un Estado que se caracteriza por no pagar en fecha, con excepción -y no siempre- de salarios y jubilaciones. De esa pueden dar fe miles de proveedores, acostumbrados a cobrar «a los premios», una práctica que explica en gran medida los sobreprecios en más de una licitación o contratación directa.
Pero en junio, esa práctica llegó a niveles que superaron con creces a los habituales. Eso puede comprobarse con el contraste entre el resultado devengado oportunamente informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y el ejecutado dado a conocer por el Ministerio de Economía.
Con la salvedad que los números no son estrictamente comparables (la OPC y ASAP toman a la Administración Pública Nacional y en el ejecutado se considera al Sector Público No Financiero), las diferencias son de $1.581.811 millones en el resultado financiero, ya que de un devengado deficitario de $1.82 billón se pasó a un ejecutado superavitario de $238.189 millones; y de casi dos billones de pesos ($1.928.569 millones) en el primario, que surgen de la brecha entre un déficit en el devengado de $1.440.000 millones y un superávit en el ejecutado de $488.569 millones.
Junio no fue el primer mes del año en el que un déficit se convierte en superávit por la postergación de pagos. Ya había ocurrido en marzo en las dos variantes y en febrero sólo con el resultado financiero. Si bien la demora en los pagos reconoce múltiples vertientes, el grueso de la diferencia se encuentra en el sector energético, con pagos no concretados a las generadores a través de CAMMESA.
Por lo pronto, eso se traduce en un incremento del stock de deuda flotante, que en el primer semestre alcanzó los $3.488.557 millones, según la ASAP. Y en ese punto, el gobierno se enfrenta a un dilema: a diferencia de los primeros meses del año, en el que la alta inflación facilitaba la licuación de esa deuda, un éxito en su desaceleración hará más complicada esa estrategia en los meses venideros.