BUENOS AIRES (ANP) El poder de compra de las jubilaciones tuvo un deterioro del 12% al 38% en los últimos seis años, según se tome en consideración el haber promedio o el mínimo con y sin bono adicional, de acuerdo con la medición realizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
«El ajuste sobre las jubilaciones es profundo», sostuvo la entidad en su último informe, en el que advirtió que «en promedio, los jubilados perdieron casi un tercio de su haber en los últimos 6 años» y que «incluso quienes se benefician con el bono adicional –que discrecionalmente dispone pagar el gobierno– cobran un 12% menos que en el 2017».
Ese deterioro se debió a la «muy alta inflación», que «es la que se encarga de hacer el ajuste en exceso del gasto público erosionando el valor real de las jubilaciones», al mismo tiempo en que «se anuncia el pago de bonos y esquemas de jubilación anticipada», aseguró el instituto dirigido por Jorge Colina.
Al respecto, precisó que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año, «la jubilación media se redujo un 32%, ya que pasó de $212.500 a valores actuales a solo $143.800 en setiembre del 2017″, la mínima tuvo una caída del 38% (pasó de $142.000 a valores actuales a $87.460) y si se le adiciona el bono de $37.000 que se pagó en septiembre del 2023 la merma se reduce al 12%.
Si se tiene en cuenta que el principal gasto del sector público es el del sistema previsional y, al mismo tiempo, debe procurarse por lo menos mantener el valor real de las jubilaciones, IDESA remarcó que «el desafío para el próximo gobierno es enorme».
«Como la fórmula de movilidad actualiza con retardo las jubilaciones, si la inflación se reduce las jubilaciones tienden a recuperar automáticamente lo perdido durante la aceleración. Esta expansión del gasto público es de una magnitud suficiente como para desestabilizar la macroeconomía impidiendo sostener la estabilidad de precios», indicó.
Como ejemplo, señaló que en 2017 «el gasto en jubilaciones ascendía a 8% del PBI con una tasa de inflación promedio anual de 27%, mientras que en el 2022 la tasa de inflación promedio anual fue del 72% y el gasto en jubilaciones cayó a 6,3% del PBI», y de cara al futuro «es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuó en los últimos 6 años.
IDESA rechazó por ser «éticamente cuestionable y financieramente inconsistente» la opción de «manipular la movilidad previsional a los fines de evitar la recuperación del valor real de los haberes» y planteó que «la única manera de evitar que la previsión social sea un factor de desestabilización macroeconómica, que lleva a altas tasas de inflación, es ordenando el sistema. Esto es, cambiar las reglas de organización previsional para que sean financieramente sostenible en un marco de mayor equidad».
«Es inconsistente afirmar que se quiere bajar la inflación y no hablar sobre el ordenamiento previsional», manifestó, para puntualizar que «bajo las reglas que opera el sistema previsional en la actualidad la inflación es esencial», ya que es la que «permite reducir el gasto previsional a niveles financiables».
En ese sentido, aseveró que «si no hubiera habido inflación en los últimos años, el déficit fiscal hubiera sido mucho mayor y, por lo tanto, las necesidades de emisión hubiesen sido más altas aún».
Por tal razón, IDESA concluyó que «si el próximo gobierno pretende estabilizar los precios, necesariamente tiene que abordar el tema previsional y asumir que los desafíos aumentan junto con el envejecimiento demográfico».