Buenos Aires, sep 6 (ANP) – La cantidad de vencimientos de deuda que tendrán que afrontar los presidentes de que gobiernen el país entre 2024 y 2031 dependerá de la decisión que tome el ministro de Economía, Martín Guzmán, en los próximos meses cuando negocie la deuda con el FMI. Según dice la consultora Ecolatina, Argentina tendría que abonar a sus acreedores u$s24.000 millones entre 2025 y 2026 o u$s 17.000 entre 2026 y 2031 de acuerdo a lo que negocie el gobierno que encabeza Alberto Fernández.
En su último informe, la consultora Ecolatina afirma que «el último paso del proceso de reestructuración será la reformulación del préstamo Stand By (SBA) contraído con el FMI en 2018». «Descontando el pago de intereses previstos para noviembre, esos pasivos suman casi USD 46.500 millones, de los cuales cerca de USD 5.000 millones vencen el año que viene (entre capital e intereses). Por este motivo, la intención del Gobierno es acelerar las conversaciones para llegar a un acuerdo durante el primer trimestre del 2021», explica el informe.
Ecolatina plantea que «aparecen dos alternativas principales: la firma de un nuevo Stand By (SBA) o de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés)». «Los EFF poseen varias características que los diferencian de los (SBA), aunque las más relevantes residen en qué condicionalidades exigen y qué plazos de desembolso y devolución demandan», destaca el reporte.
La consultora señala que la “dureza” de las condiciones que impone el FMI «depende del tipo de problema que el programa busca resolver y, en este sentido, los EFF son más exigentes que los SBA».
Dado que los SBA buscan dar una respuesta rápida a problemas de financiamiento de corto plazo, las condiciones para sus desembolsos se limitan a metas cuantitativas como niveles de déficit fiscal, de endeudamiento y de reservas internacionales.
En cambio, los EFF se destinan a países con problemas estructurales de balance de pagos y, eventualmente, de crecimiento. En consecuencia, la forma que tiene el FMI de garantizar la devolución del préstamo es exigir adicionalmente una serie de reformas estructurales.
Un ejemplo de ellos son los dos últimos Acuerdos de Facilidades Extendidas firmados por Ecuador en marzo de 2019 y agosto de 2020 que incluían reformas tributarias, laborales, de “eficientización” del gasto público, que incluían moderaciones en los salarios públicos hasta la racionalización de los subsidios energéticos, mayor autonomía del Banco Central y otras modificaciones de orden institucional. Ecolatina sostiene que algunos de estos requisitos se le podrían pedir a la Argentina que podrían requerir pasar por el Congreso y «podrían generar algunas rispideces políticas».
En materia de plazos, el EFF es más flexible en cuanto a la devolución del préstamo, dado que los cambios estructurales requieren más tiempo para madurar. A diferencia del SBA, cuya devolución se estipula entre 3 y 5 años, el reembolso en un EFF puede ir de los 4 a los 10 años, pagándose en 12 cuotas semestrales iguales. Por lo tanto, si el nuevo acuerdo se cerrara durante el primer trimestre del año próximo, tal como busca el gobierno, los pagos de un EFF se harían entre 2025 y 2031, a la par que los de un SBA serían entre 2024 y 2027. Como el capital a devolver es igual en ambos casos, las cuotas del EFF son más relajadas que las del SBA.
«Planteando ambos escenarios, 2024 y 2025 (dependiendo si se firma un SBA o EFF, respectivamente) serían los años en que comenzaría a devolverse el préstamo del FMI. En el caso del SBA, en 2024 nuestro país debería cancelar USD 9.000 millones con el organismo multilateral, por lo que sumando los USD 3.500 millones a pagar bonistas, los compromisos en moneda dura superarían los USD 12.000 millones», indica la consultora.
Agrega que «los vencimientos totales superarían USD 25.000 millones en promedio en 2025 y 2026, pues concentrarían los pagos más fuertes con el FMI. En cambio, bajo un Acuerdo de Facilidades Extendidas los compromisos más importantes comenzarían en 2025 (USD 12.300 millones) y se mantendrían en torno a los USD 17.000 millones entre 2026 y 2031.