Buenos Aires, jul 25 (ANP)- El Gobierno ratificó hoy que la última oferta de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera que presentó el 6 de julio es la “definitiva”, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar una mejora de las cláusulas legales si allanan el camino hacia el acuerdo.
En un comunicado, el Ministerio de Economía instó a los acreedores que aún no la aceptaron a que cambien de postura, ya que incorporar las modificaciones que propusieron sería no solo “irresponsable” sino también “injusto”.
En la postura del Palacio de Hacienda se advierte a los bonistas que si no acceden a la oferta de canje oficial “toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”.
No obstante, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de cambios en las condiciones contractuales “que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores”.
En ese sentido, advirtió que “los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados”.
La cartera conducida por Martín Guzmán sintetizó en el comunicado las principales incidencias de la negociación, desde la presentación de la primera propuesta el 21 de abril, y destacó las gestiones llevadas a cabo para acercar las posiciones entre las dos partes.
La descripción pone especial atención en la última contrapropuesta de un grupo de bonistas dada a conocer el lunes 20, a la que considera un “lamentable paso hacia atrás”, por el tenor de sus pedidos, entre los que se incluye que “Argentina cubra los honorarios y gastos de algunos de sus propios asesores”.
“En lugar de comprometerse a cooperar con la Argentina para superar sus dificultades y crear oportunidades de crecimiento, el comunicado (de los bonistas) habla de un acuerdo para rechazar la oferta argentina entre los acreedores, quienes afirman tener más de un tercio de los bonos de la Argentina”, señaló Economía.
Al respecto, el Palacio de Hacienda puntualizó que “aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados”.
“No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto. Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor”, aseveró.
En ese sentido, Economía reiteró que el objetivo común del país y la comunidad de acreedores es “el crecimiento sostenible a largo plazo” y que “ningún acuerdo vale ese precio”.
“Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias”, planteó el Palacio de Hacienda, luego de recordar que “la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener”.