Buenos Aires, may 31 (ANP)- El régimen de Coparticipación Federal de Impuestos demostró en más de 85 años de existencia que fue “un fracaso”, en tanto no sirvió para “corregir asimetrías” entre las regiones ricas y pobres del país y además consolidó un sistema de “dependencia” política de los gobiernos provinciales respecto del nacional.
Así lo sostuvo hoy el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que propuso reemplazar el actual régimen de distribución de impuestos por un “Fondo de Convergencia” que focalice la asistencia en las provincias del NEA y el NOA, que son las de menor desarrollo relativo, reintegrándole al resto la facultad financiarse con su propia recaudación.
El pedido cobra especial interés en esta etapa de cuarentena segmentada, ya que mientras el AMBA es la región del país económicamente más dinámica, es a la vez la que tiene la mayor restricción de movilidad por los casos de COVID- 19, situación inversa a las de las provincias del norte, menos estrictas en las medidas de aislamiento por contar con menos casos de afectados, pero a la vez más necesitadas de recursos generados por el área metropolitana.
“En promedio, los estados provinciales del interior se financian en un 72% con la coparticipación de impuestos nacionales y apenas en un 28% con impuestos provinciales. En casos extremos, la dependencia llega al 90%”, indicó IDESA en su último informe.
El problema se agrava con la cuarentena por el coronavirus, ya que “con la región del AMBA semiparalizada, la coparticipación está estancada” y además “como la inflación es del 45% anual, esto está generando severos problemas fiscales en las provincias”.
Al respecto, la entidad dirigida por Jorge Colina distinguió que mientras “las provincias del centro generan el 78% del PBI y tienen el 71% de la población” y “en el sur se produce el 9% del PBI y allí vive el 6% de la población”, en las provincias del norte “se produce el 13% del PBI y vive el 23% de la población”.
“Estos datos muestran que el rezago productivo está concentrado en el norte del país. Allí, es claro que se necesita transferir recursos desde las regiones más productivas a los fines de corregir asimetrías”, puntualizó.
Pero al mismo tiempo advirtió que “para el resto del país, donde vive más de tres cuartas parte de la población, hay potencialidad productiva para no necesitar de la coparticipación sino solo la oportunidad de poder desarrollarse autónomamente”.
“Alcanza con un mecanismo más pequeño y focalizado en dinamizar el norte del país”, aseguró, luego de sentenciar que “para reducir las brechas de desarrollo regional no es necesario un mega-mecanismo de transferencia de recursos como es la coparticipación”.
Por otra parte, además de los aspectos fiscales, IDESA sostuvo que la coparticipación “genera incentivos perversos asociados a la dependencia de las provincias respecto al Estado nacional”.
En ese sentido, señaló que “la presión tributaria total es de aproximadamente el 28% del PBI, de los cuales 23 puntos son impuestos recaudados por el Estado nacional y sólo 5 puntos son generados directamente por las provincias”, pero de esos 23 puntos “sólo 8 puntos vuelven a las provincias vía coparticipación”.
“Esto delata dos grandes distorsiones. Una es la desproporcionada apropiación de recursos por parte del nivel nacional. La otra es la gran dependencia de todas las provincias, no solo las más rezagadas, de las transferencias nacionales”, planteó, para concluir que “desde varias perspectivas la coparticipación es un fracaso”.
Al señalar esos fracasos, indicó que “el más visible es que no fue una herramienta útil para corregir asimetrías entre regiones. Muy por el contrario, su efecto es profundizarlas al punto que, mientras CABA tiene a niveles de calidad de vida similares a países desarrollados, el norte se asimila a los subdesarrollados”.
“Pero más negativo aún es que la concentración de recursos y poder de decisión en el nivel nacional provoca un estado de dependencia generalizado con una estructura de incentivos muy perversa. Estos malos incentivos son que las dirigencias provinciales son inducidas a poner más energías en congraciarse con el gobierno nacional que en desarrollar capacidades productivas locales”, aseveró.
Por otro lado, consideró que una corrección por el lado de una actualización de porcentajes de la distribución secundaria “es una estrategia inconducente” debido a que “nunca va a ocurrir una provincia ceda participación”.
“Más conducente es desarmar la coparticipación y que cada provincia se financie con su propia recaudación. Para las asimetrías regionales, que los distritos más ricos (fundamentalmente CABA) financien un Fondo de Convergencia –de tamaño mucho más reducido que la actual coparticipación– para promover el desarrollo en las regiones más atrasadas del norte”, consideró IDESA.
La actual ley de Coparticipación, con sucesivas modificaciones, data de enero de 1988, pero el régimen de distribución de recursos desde la Nación a las provincias se remonta a 1935, en ocasión de la puesta en vigencia de la ley de Unificación de Impuestos Internos, luego del debate entre las dos partes sobre la constitucionalidad del por entonces novedoso impuesto a los Réditos, luego reemplazado por Ganancias.
A pesar de los 85 años transcurridos, los objetivos de fomentar el desarrollo y la autonomía fiscal de las provincias está lejos de cumplirse, si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos (salvo la excepción de CABA, Buenos Aires y en algunos años Neuquén), las provincias dependen más de los recursos transferidos por la Nación que de los que ellas mismas generan.
Desde 1994, la Coparticipación Federal de Impuestos tiene rango constitucional, por lo que la propuesta de IDESA requeriría de una modificación de la Carta Magna.