BUENOS AIRES, ABR 29 (ANP).- La Unión Industrial Argentina advirtió hoy que, en caso de aprobarse el proyecto de modificación de Ganancias para empresas, se creará una presión tributaria adicional de más de $ 320.000 millones sobre aquellas que operan en la formalidad, atentando contra la recuperación económica y el empleo en todo el país.
Así lo aseguró un informe dado a conocer hoy por la central fabril, en el que resalta que los cambios en la alícuota para las sociedades, que se está analizando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, impactará negativamente sobre la creación de empleo formal y de valor, ya que el contexto actual justamente requiere incentivos para sostener la producción.
Entre los principales problemas que plantea la normativa bajo estudio, la UIA señaló en primer lugar a la presión tributaria elevada para quienes trabajan en la legalidad, que en Argentina supera el 40%, sumado a una alícuota a la reinversión de utilidades del 30%, también alta, que contrasta con niveles de 25% en el resto de la región.
La entidad empresarial también apuntó al bajo financiamiento con el que cuenta el sector privado local, de alrededor de 10,8% del PBI, frente a 55,7% de otros países de América Latina. Siendo que las ganancias no distribuidas son una de las fuentes principales de inversión empresarial en Argentina, «volver a incrementar la alícuota de Ganancias es un obstáculo para el desarrollo de la inversión, de la actividad y del empleo formal», enfatizó el estudio.
Desde la UIA se quejaron de que en caso de prosperar esta modificación -la cuarta en los últimos 10 años- se llegaría a un aumento de 25% a 35% en una década, haciendo «imposible la planificación para toda empresa y la previsibilidad de la economía».
De acuerdo a los cálculos de los industriales, si se sanciona el proyecto tal cual está planteado, la presión tributaria aumentaría en $ 320.821 millones, «de los cuales $ 96.246 millones provienen de la industria». Esto afectaría a unas 7.000 compañías, que aportan el 76% del empleo formal y 87% de la masa salarial.
«Ninguna empresa verá reducida su alícuota respecto del 25% que debería regir en 2021 según la reforma de 2017», advierte el informe.
A su vez, se indicó que si bien es necesario bajar la alícuota para las micro y pequeñas empresas, debe hacerse «en conjunto con un paquete de competitividad más integral (financiero, laboral, tributario)». De no ser así, el proyecto implicará «una nueva suba de la presión tributaria al sector formal de la economía, que es el que tracciona al resto de los sectores», se agregó.