BUENOS AIRES (ANP) El gobierno tendrá que recurrir en el corto plazo a un decreto de necesidad y urgencia, no ya para redistribuir partidas presupuestarias en favor de aumentos salariales y de jubilaciones, sino para ampliar el gasto autorizado por el Congreso en la ley 27.701 por una simple razón: se patinó el 99,17% de los recursos destinados a ese fin.
En su último informe sobre la evolución de las cuentas de la Administración Pública Nacional (APN), la Oficina de Presupuesto del Congreso puso el acento en ese aspecto, al señalar que sólo queda un remanente de $10.000 millones de un total de $1.207.507 de lo que podría denominarse la «reserva» establecida en la aún denominada «ley de leyes».
Al respecto, el ente bicameral explicó que «desde hace algunos años, en las leyes de Presupuesto se incluyen dentro de la Categoría 99 Otras Asistencias Financieras de la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro, créditos para atender posibles necesidades presupuestarias que puedan surgir a lo largo del ejercicio, principalmente por decisiones en materia de prestaciones sociales (como es el caso del otorgamiento de bonos extraordinarios para jubilados y pensionados) y en la política de subsidios, como así también en materia salarial, como consecuencia de las paritarias aprobadas para el personal de la Administración Pública y las Universidades Nacionales».
En otras palabras, tanto por la subestimación de gastos y recursos en la que se incurre permanentemente en la elaboración de los proyectos de ley de Presupuesto, como en los también recurrentes desbordes inflacionarios que obligan a ajustar sueldos y jubilaciones más allá de lo originalmente previsto, en la misma ley se aprueba un «canuto», para redistribuir a lo largo del ejercicio entre remuneraciones al personal como en jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes planes y asignaciones.
«Con la sanción de la Ley de Presupuesto 2023, se aprobaron $1.207.507 millones para la mencionada categoría presupuestaria, monto que ha sido reasignando, a través de diferentes modificaciones presupuestarias, para financiar necesidades de créditos de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional», agregó la OPC.
En ese sentido, indicó que «al 31 de julio, se ha reasignado un total de $1.197.507 millones, quedando disponible un crédito de $10.000 millones», de lo que se desprende que el margen que queda es escasísimo, mucho más después de los reclamos salariales a raíz de la última devaluación y el aumento que habrá que aplicar en jubilaciones el diciembre, en el último ajuste del año según la ley de Movilidad.
El detalle descripto por la OPC no deja lugar a dudas sobre los apremios presupuestarios y abre la probabilidad de una ampliación presupuestaria de tales características que ya no será suficiente una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete. Sería el primer DNU del año de estas características y su publicación en el Boletín Oficial no podrá pasar más allá de septiembre.