La Inversión Pública (IP) fue uno de los rubros en los que más se hizo notar el ajuste a lo largo de 2022, en un año en el que la inflación se transformó en el gran aliado del gobierno para licuar el gasto: durante todo el ejercicio ascendió a $1.178.200 millones, con una caída en términos reales del 38,3% en comparación con los niveles de 2021.
El dato fue aportado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en un informe en el que, además, señaló que la IP tuvo una ejecución comparada con el crédito vigente de 86,7%.
El recorte del gasto en IP fue de tal magnitud que, si se hubiera mantenido en los mismos términos reales que en 2021, habría implicado un gasto adicional de $731.000 millones, un poco menos de la mitad de todo el déficit primario.
El componente en el que el descenso fue más marcado fue del de Transferencias de Capital (TC), que con $790.657 millones registró una baja real del 46,6%, en tanto la Inversión Real Directa (IRD) cayó 9,9%, con $387.542 millones.
Tres sectores concentraron el 59% de las erogaciones (59,0%): transporte, vivienda y urbanismo y agua potable, que disminuyeron en términos reales con relación a la ejecución de un año atrás (23,6%, 54,5% y 54,7%, respectivamente).
Con relación a la inversión por jurisdicción, los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Territorial y Hábitat concentraron el 52,2% de las erogaciones de capital, también con caídas interanuales en ambos casos (28,6% y 54,6%, respectivamente).
La Inversión Real Directa (IRD), uno de los dos conceptos que integran la inversión pública, se compone de los proyectos de inversión ($260.739 millones) y de la adquisición de bienes de capital ($126.803 millones), cuya ejecución está a cargo en forma directa por la Administración Nacional.
La ejecución presupuestaria de proyectos de inversión fue inferior a la de 2021 (-18,1%) y se realizó a través de 710 obras relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías y mantenimiento de rutas en diferentes puntos del país.
Por su parte, la adquisición de bienes de capital registró una variación real positiva de 13,8% impulsada en gran medida por la compra de computadoras portátiles para la distribución en las escuelas en el marco del Programa Conectar Igualdad, a cargo del Ministerio de Educación.
El segundo componente de la inversión pública lo integran las Transferencias de Capital, con un total que alcanza los $790.657 millones en el 2022, cuyo objetivo es financiar proyectos y adquisición en equipos en instituciones que no forman parte de la Administración Nacional.
Estos fondos representaron una proporción mayor dentro del total devengado en inversión pública (67,1%) y registraron una caída interanual del 46,6%, como consecuencia de la disminución de transferencias a todos sus destinatarios.
Las transferencias a fondos fiduciarios ($254.372 millones) cayeron 55,8%, impulsadas mayormente por el recorte en el PROCREAR (69,2%); las destinadas a empresas públicas ($227.862 millones) disminuyeron 49,6%, en gran parte por al ajuste en AYSA (55,0%); y las transferencias efectuadas a provincias y municipios ($246.512 millones) exhibieron una variación real negativa de 33,4%, atribuible en un 40% a la disminución en los giros a la provincia de Buenos Aires (43,2%).
Si bien la inversión pública en 2022 resultó inferior a la de 2021 (1,4% vs. 2,4% del PIB), se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 (1,2%, 1,2% y 1,1% del PIB, en cada año respectivamente). En ese período la ejecución en inversión resultó decreciente, con un mínimo en 2020, afectado por la pandemia por COVID-19.
En 2021 se registró el pico máximo del período, sustentado en las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas, registradas fundamentalmente en el último bimestre del año (la mitad del devengado anual en inversión pública 2021 se devengó entre noviembre y diciembre).