BUENOS AIRES (ANP) La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) denunció, junto a otras entidades empresarios, una modificación de último momento en el texto del proyecto de ley de Modernización Laboral que, por medio de una «doble garantía», mantiene en carácter obligatorio del aporte empresario al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que afecta a todos los empleadores que tienen trabajadores bajo la órbita del convenio mercantil.
El cambio en el artículo 128 del proyecto perpetúa el aporte obligatorio al INACAP, que obliga al empleador a aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, por cada uno de los 1.200.000 salarios de los trabajadores del sector comercial en todo el país.
Esos aportes teóricamente se destinan al financiamiento de tareas de capacitación, más allá de que el empleado al que se le hace el descuento acceda o no a ese beneficio.
Según CADAM, «dichos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC (Cámara Argentina de Comercio) y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional».
«Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación», objetó la entidad, que además señaló que entre las cámaras que se oponen a la continuidad del carácter obligatorio del aporte figuran «la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras».
CADAM recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del Decreto 149/2025, estableció el carácter voluntario de estos aportes, luego de una discusión pública con el presidente de la CAC, Mario Grinman, en el trancurso de la última edición del Council of Americas.
«La casta se defiende con uñas y dientes», expresó Sturzenegger en aquella ocasión, sin prever que poco después, «mediante una medida cautelar promovida por el propio INACAP, se dejó sin efecto el decreto argumentando que se trata de un instituto ‘independiente'».
«El INACAP reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación, cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias o con fines políticos, viáticos o viajes de dirigentes empresarios», indicó CADAM, que al respecto señaló que no se logra «identificar una trazabilidad sobre esos fondos, existiendo entidades de dudosa representación real», al punto que hay «cámaras que representan calles o avenidas, mujeres, jóvenes y hasta étnica-culturales».
La redacción original del artículo establecía el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias, en consonancia con el decreto 149, pero el cambio «otorga impunidad y una doble garantía para que continúen recaudando fondos millonarios sin ningún tipo de rendición de acceso público a la información», cuestionó CADAM.