El Estado nacional no tiene un rol neutral en la distribución regional del ingreso si se realiza un análisis que no se detenga exclusivamente en el Régimen de Coparticipación Federal y aborde también al gasto que representa la prestación de funciones administrativas y de funciones que deben cumplir los gobiernos provinciales y municipales.
A esa conclusión arribaron las investigadoras María Luz Vera y María Laura García, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que llegaron a la conclusión que el distrito más favorecido es la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, el más rico del país y, por ende, el que menos necesita de la asistencia federal.
Eso no ocurre por la distribución de recursos coparticipables -por el contrario, es el que menos recibe en función de sus aportes al PBI- sino por el pago de sueldos de la administración pública nacional (por ser la sede de la cabeza de los tres poderes) y la atención de funciones que en el resto del país están a cargo de las provincias, como la regulación de la distribución de energía, agua corriente, transporte público, etc.
Al 2022 el balance entre impuestos aportados y recursos recibidos mostraba que 5 provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut) aportan más impuestos que lo que reciben del Estado nacional, cuatro (Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos) están en equilibrio entre lo que aportan y reciben, mientras que las catorce restantes y CABA reciben más recursos del Estado nacional que impuestos que aportan.
En su trabajo titulado «¿Cuáles son las provincias que ganan y cuáles las que pierden con las intervenciones de la Nación?», Vera y García muestran que «el Estado nacional no tiene un rol neutral en la distribución regional del ingreso».
Al respecto, IDESA señaló en un informe que «por un lado, la región pampeana, con un peso decisivo del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de la Patagonia aportan más de lo que reciben. Por el otro, en CABA y en las provincias del norte el Estado nacional recauda solo una parte de lo que en esos territorios gasta de manera directa o envía a través de la coparticipación o con transferencias discrecionales».
«Una primera paradoja es que la más beneficiada por el Estado nacional es la jurisdicción más rica del país: CABA», remarcó la entidad dirigida por Jorge Colina, que explicó que eso no obedece a «un trato preferencial en la coparticipación de impuestos, sino debido a que la Nación se hace cargo de funciones que en el resto del país las asumen los gobiernos provinciales y municipales y al peso de la estructura administrativa nacional radicada en CABA».
Pero hay una segunda paradoja, ya que «la Nación redistribuye ingresos hacia las zonas más pobres con la coparticipación, lo cual profundiza su atraso», en tanto ese régimen «no dinamiza el desarrollo sino que incentiva el uso de recursos para engordar el empleo público espurio y otras acciones clientelares».
IDESA postuló que «para salir de este esquema tan perverso se necesita, por el lado de los ingresos, acordar una distribución de potestades tributarias que apunte a que cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos», por lo que propuso «derogar la actual ley de coparticipación y adoptar un principio de correspondencia fiscal», para que, en definitiva, «quien administra un gasto, también se hace cargo del impuesto para financiarlo».
En ese nuevo esquema, continuó, la solidaridad hacia las provincias más pobres sería canalizada a través de un Fondo de Convergencia que, «a diferencia de la coparticipación, impone un compromiso de usar los recursos solidarios en un plan de desarrollo».
Por el lado de los egresos, IDESA propugnó para que «la Nación sólo ejecute funciones interprovinciales sin inmiscuirse en responsabilidades provinciales».