BUENOS AIRES (ANP).- La detención del ex presidente filipino Rodrigo Duterte, para comparecer en la Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra las drogas, revitaliza a un tribunal que parecía de “capa caída”.
Aunque cuenta con el apoyo de 125 países tras ser creado en 2002, la CPI no siempre puede cumplir con su objetivo, tal como ocurrió a principios de febrero cuando el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aplicó sanciones punitivas contra esa institución judicial.
Las órdenes dictadas por el magnate neoyorquino fueron en respuesta al pedido de detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos están acusados de presuntos crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza.
Trump, no obstante, insistió en que las acusaciones contra EEUU y su aliado Israel eran “infundadas e ilegítimas”. A su turno, la Corte Internacional que se rige por el Estatuto de Roma de 1998 señaló en un comunicado: “Seguiremos brindando justicia a las millones de víctimas”.
Cuando el líder del gobernante Partido Likud visitó a Trump en la Casa Blanca, el 4 de febrero, los líderes estadounidenses-palestinos pidieron que al Departamento de Justicia que cumpla con la orden de arresto, informó el Centro para los Derechos Constitucionales de EEUU.
Duterte, mientras tanto, declaró el viernes por primera vez ante la CPI a través de videoconferencia. Su abogado Salvador Medialdea dijo que su cliente fue “secuestrado” en Manila. Eso sí, frente al tribunal, el ex hombre fuerte de Filipinas asumió toda su responsabilidad en la guerra contra las drogas.
Con el arresto del ex mandatario, un abogado de 79 años que fue elegido siete veces alcalde de Davao, la ciudad más grande de la isla Mindanao, en el marco de la llamada “Revolución del poder popular” en 1986, la corte independiente demuestra que no siempre es débil para cumplir con sus principios jurídicos.
Duterte llegó a la presidencia el 30 de junio de 2016, para un mandato de seis años, y de inmediato emitió una orden para que tanto la policía como los ciudadanos maten a los sospechosos de tráfico de drogas.
“Queda más gente por matar, muchos perderán la vida hasta que saquemos al último traficante de las calles”, decía provocativamente en aquellos años, en medio de las críticas de la Iglesia católica, predominante en ese país del sudeste asiático, según informes de la BBC.
Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, señala que más de 6.000 personas murieron en la guerra contra las drogas, entre 2016 y 2022, de acuerdo a informes la Policía Nacional de Filipina. Pero menciona, también, que organizaciones de derechos humanos elevan dicha cifra a 30.000 personas, entre ellas muchos niños, mediante operaciones extrajudiciales.
Para dicha organización, el arresto de Duterte es “un histórico paso hacia adelante” con el fin de investigar las matanzas ocurridas entre 2011 y 2019. “Esto envía un mensaje a los violadores de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo de que podrían rendir cuentas”, dice HRW en un comunicado.
Amnistía Internacional España, por su parte, señaló en la red social X que la detención del ex jefe de Estado filipino demuestra que “los presuntos autores de los peores delitos, incluidos los dirigentes del gobierno, pueden enfrentarse a la justicia y lo harán, estén donde estén en el mundo”.
Duterte es recordado, además, por haber insultado al ex presidente estadounidense, Barack Obama, al que llamó “hijo de puta” por cuestionar su accionar contra los narcotraficantes.
“Debes ser respetuoso. No lances simplemente preguntas y declaraciones. Hijo de puta, te voy a insultar en este foro”, dijo Duterte refiriéndose a Obama, durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre de países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), realizada a principios de 2016.
En la lista de acusados por la CPI también se encuentra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, tras invadir el Kremlin ese país el 24 de febrero de 2022.
Al igual que Netanyahu, Putin también se rio en la cara de la CPI cuando visitó la ciudad de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, un país que es miembro de dicho tribunal internacional, el pasado 3 de septiembre.
El ex agente de la KGB soviética, sin embargo, no pudo viajar a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, un foro global que, además de ese país, agrupa también a Brasil, Rusia y China (actualmente se sumaron otros cinco miembros), realizada en agosto de 2023 en Johannesburgo.