BUENOS AIRES (ANP).- Desde que en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo hasta mediados de 2023 la tasa de madres niñas y adolescentes bajó en un 50 por ciento y las muertes causadas por abortos clandestinos se redujeron en dos tercios.
Esa norma vino a complementar el Plan Enia, Plan Nacional del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, que venía trabajando desde la 2018. Ese plan dejó de funcionar de facto en marzo de 2024 cuando el Gobierno Nacional decidió no renovar los contratos de la mayoría de las personas que trabajaban en este y otros sectores del Estado.
“Efectivamente, en los últimos cinco años se redujo a la mitad la tasa de partos de madres adolescentes y también la fecundidad temprana, que es en menores de 15 años, que en general es un fenómeno asociado a los abusos sexuales, que en su amplísima mayoría se dan dentro del entorno familiar”, precisó la socióloga Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), en diálogo con el canal Veo Veo
El Plan Enia fue una política pública que se implementó en 2018 en 12 provincias y que, con distintos dispositivos, permitió a las adolescentes acceder a educación sexual integral, que ya estaba sancionada desde la década de los 2000.
“Somos el único país de América Latina que logro reducir en tan poco tiempo la fecundidad adolescente”, que “es un fenómeno que afecta mucho más a las poblaciones en situación de vulnerabilidad social”, señaló Ramos quien también participó en la implementación del programa.
“La maternidad temprana impacta muy negativamente sobre la inserción social de las adolescentes, porque tienen un 30 por ciento más de probabilidad de no terminar la escuela secundaria, retarda su ingreso al mercado laboral y cuando consiguen trabajo es con salarios menores porque no consiguieron completar su formación básica”, explicó Ramos.
Esto es parte de una espiral negativa que re-replica de generación en generación, “que es lo que se llama el ciclo intergeneraciona de la pobreza” agregó la entrevistada, que puso de relieve que el Gobierno de Javier Milei “es la primera gestión desde la recuperación de la democracia que está haciendo todo lo posible por desmantelar las políticas públicas” que forman parte del marco normativo del Estado.
De todos modos, a pesar de este presente, Ramos consideró que más allá de las intenciones manifiestas de volver atrás con la ley 27.610 que legaliza el aborto, es un tema que no está ni es probable que esté en la agenda del Gobierno, y definió que eso sería “un enorme retroceso” no sólo en el plano de la cultura social sino también “desde la perspectiva de los indicadores de la salud”.