Lacalle Pou sacará por decreto una norma que reducirá de 1,7 millones de dólares a apenas u$s 380.000 la cantidad de fondos que una persona tiene que tener en el país, y reducirá a solo 60 días la necesidad de permanencia civil en el paìs.
También habrá una reducción de los requisitos para aquellos extranjeros que posean empresas en Uruguay y generen a partir de julio de 2020 al menos 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia. Hoy día pueden acceder a la residencia fiscal los ciudadanos de otros países con empresas con un valor superior a US$ 5,3 millones y el decreto baja ese requisito a US$ 1,6 millones
Mientras que a través de un proyecto de ley que enviará al Parlamento, el gobierno se apresta a ampliar la llamada “vacación fiscal” que rige para los ciudadanos extranjeros que llegan al país. Hoy día por cinco años están exonerados del pago de Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios —intereses por depósitos bancarios, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros— y se ampliará el beneficio a diez años. A esto se suma que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio.
El decreto dice que “la política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades”. Por esto, “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.
Esta semana El País dio cuenta de que profesionales y asesores vinculados a los rubros inmobiliarios y agropecuarios han constatado en las últimas semanas un aumento de las consultas de argentinos por inversiones y para radicarse en Uruguay.