BUENOS AIRES (ANP).- Los cambios introducidos en la Ley de Inteligencia Nacional a través de un decreto conocido esta mañana sorprendió al arco político y amenaza con convertirse en una dura pelea judicial entre el gobierno y distintas organizaciones sociales y sindicales, que ya están analizando pedir que la Justicia declare la inconstitucionalidad.
El decreto 941/2025 establece una importante reforma en la ley vigente que reorganiza las funciones y estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Uno de los principales cambios es que esa agencia dejará de cumplir tareas de ciberseguridad —que pasará a la órbita de la Jefatura de Gabinete— aunque sí mantendrá el área de ciberinteligencia.
Sin embargo, entre las modificaciones, que principalmente apuntan a un intercambio eficiente de la información con distintas oficinas de gobierno, hay una que desató una polémica que fácilmente podría conducir a la judicialización del conflicto.
El gobierno aclaró que la SIDE no tiene tareas policiales ni de seguridad interior, sino que su función es producir inteligencia estratégica y anticipada para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, pero el decreto establece que desde ahora, los agentes de la SIDE podrán llevar a cabo aprehensiones de personas.
Aunque la normativa también aclara que en ese caso, la SIDE deberá informar en forma inmediata a las fuerzas policiales de cualquier detención que realice, en la práctica se trataría de un arresto sin orden judicial, lo que abre una peligrosa zona gris en materia de legalidad.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los primeros en referirse al cambio al punto de calificar al decreto como «un nuevo ataque a los derechos humanos» ya que «no es compatible con el sistema democrático».
En un comunicado emitido esta tarde, el líder sindicalista señaló que se está creando una «fuerza parapolicial» que estará habilitada a «espiar, perseguir y detener a las personas sin que exista una orden judicial, lo que es propio de los regímenes autoritarios».
Si bien algunos legisladores ya anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá un informe al Poder Ejecutivo, la realidad es que el gobierno cuenta con buenos números en el Congreso y parece difícil que el decreto sea rechazado. Por eso, lo más probable es que el tema termine judicializándose ya que ATE adelantó que no descarta realizar una denuncia formal.
El secretario general de Fuerza Patriota Federal, César Biondini, comentó en X que la reforma implica una «policía secreta» fijada por decreto. «La SIDE ahora puede detener personas. El Congreso, pintado al óleo. Los libertarios saben que viene una crisis social, por eso gobiernan con miedo al Pueblo. Cuando el miedo impera, la represión pasa a ser un plan», dijo en duros términos.
De igual modo, la abogada penalista María Eugenia Talerico sostuvo que «el DNU dictado entre gallos y medianoche, sin ninguna urgencia real, sin bicameral funcionando y reformando una ley tan sensible sin pasar por el Congreso, es una aberración». Para la letrada, no sólo «habilita el uso del sistema de inteligencia nacional contra los ciudadanos del propio país, sino que abre la puerta a que tareas de inteligencia deriven incluso en detenciones sin orden judicial, un desborde inaceptable en cualquier democracia liberal».