BUENOS AIRES, (ANP).- La Directora del CIPPEC, Gala Díaz Langou, advirtió que “la mayoría de las personas que están en la pobreza trabajan, pero eso no les resuelve la posibilidad de salir de esa situación, aunque exista una proporción de personas que, incluso, trabajan en empleo formales”.
“Con todos los desajustes del mercado laboral y con una creciente informalidad, implica que tenemos una población, además de con menos ingresos, más desprotegida socialmente», dijo Diaz Langou al programa “Es por acá” en Radio Milenium.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el 70 % de la población ocupada, sea esta asalariada o cuenta propista, apenas alcanzaba a reunir $ 80.000 por mes en el segundo trimestre del año, . Si uno toma el grupo familiar, el 70% del ingreso se elevaba a $140.000.
Para Díaz Langou » hay que discutir cómo resolver” esta situación, y recordó que “hace varios meses que se viene discutiendo en torno al salario básico universal, pedido por los movimientos sociales”.
“Nos parece que ataca un problema de los más serios que tenemos, pero que por el diseño y las implicancias fiscales de lo que se propone, ha tendido a un callejón sin salida”, advirtió la directiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento ( CIPPEC )
Explicó que un ingreso básico universal, “que alcanzara a toda la población, costaría 13 puntos del PBI. En este contexto es totalmente inviable, es casi la mitad del gasto del gobierno nacional”.
Ante esta restricción, «cubrir a la población en edad activa que no reciba otras prestaciones y que no tenga empleo formal, son cerca de 12,5 millones de personas, es parecida a la propuesta de la CTEP. El costo de esta política estaría en torno al 3,5 del PBI, que es más o menos lo que gastan todos los municipios del país”.
“Si el número se redujera a destinatarios del IFE, el costo de esta política alcanzaría al 2,5 del PBI, el gasto del gobierno nacional en salud y en educación», advirtió