BUENOS AIRES (ANP).- La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó el envío de un proyecto para transparentar y legitimar la actividad de gestión de intereses —comúnmente llamada lobby— pero alertó al mismo tiempo sobre algunas asimetrías y sanciones que podrían resultar excesivas.
En un comunicado, la entidad empresarial señaló hoy que si bien es loable que el país cuente con una normativa de transparencia para esta actividad, el texto actual «restringiría el diálogo institucional y podría criminalizar el genuino accionar del sector privado».
La entidad brindó su total apoyo a que exista transparencia en las peticiones y planteos que llevan a cabo los distintos actores sociales, así como en lo que atañe a la publicidad de los actos de gobierno pero, sin perjuicio de lo anterior, puntualizó una serie de aspectos que deberían modificarse.
Entre ellos, señaló «la imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público; la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y PYMES, lo que implicaría su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores; y el establecimiento de sanciones penales, ante, por ejemplo, la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses».
En suma, la CAC sostuvo que el mayor control del lobby «recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales, lo que a todas luces resulta desproporcionado».
En este sentido, la entidad pidió que lograr la transparencia en los asuntos públicos «no se constituya a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado, principal generador de progreso económico y social de la nación», y abogó por «alcanzar una ley equilibrada, con reglas claras y previsibles para todos los actores».