Buenos Aires, mar 12 (ANP)- La inflación de febrero no hizo más que confirmar el ensanchamiento de la brecha entre los precios de los alimentos y las tarifas de los servicios públicos, que en virtud del congelamiento dispuesto en la ley de Solidaridad social y reactivación productiva impulsaron a la baja los números globales.
La experiencia argentina de varias décadas indica que los congelamientos de precios tienen una vida efímera y que al final de esa contención artificial los precios crecen con toda virulencia. A 45 años del rodrigazo, no está de más tenerlo presente.
En el trimestre diciembre 2019-febrero 2020 la inflación general fue del 8,8%, un porcentaje que esconde dos realidades diferentes, la de los precios regulados (básicamente tarifas de servicios públicos, como ya se dijo congelados por 180 días) y los alimentos, que más allá de acuerdos como los de Precios Cuidados evolucionan sin controles específicos.
Esa brecha de casi 5 a 1 no hizo más que profundizar lo que viene ocurriendo desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el entonces presidente Mauricio Macri, al percibir que sus chances electorales no eran las mejores, decidió tirar por la borda su política de tarifas de servicios y congelarlas hasta el final de su mandato. Una decisión que su sucesor Alberto Fernández extendió por 180 días, hasta finales de junio.
Por otra parte, los tres meses señalados tuvieron un dólar oficial contenido por las restricciones heredadas del cepo dispuesto la noche de las elecciones del 27 de octubre, con el aditamento de una depreciación de las monedas de los países emergentes desatada en las últimas semanas al calor de los efectos de la pandemia del coronavirus.
Para decirlo en otras palabras: mientras el dólar mayorista medido en pesos argentinos tuvo en lo que va de 2020 un incremento del 4,9%, su aumento en reales brasileños fue del 19%. En tiempos en los que los únicos dólares que podría obtener el país son los del comercio exterior, esta apreciación del peso conspira contra el propósito de alcanzar un superávit en la balanza comercial de unos US$ 15.000 millones.
Pero también muestra la repetición hasta el hartazgo de una seguidilla que caracterizó buena parte de la historia económica argentina del siglo XX y que se reeditó en el último tramo de la Presidencia de Macri: después de una abrupta devaluación viene un período de algunos meses de apreciación, hasta que de nuevo el tipo de cambio vuelve a dispararse.
¿Por qué no volverá a ocurrir esa secuencia? La contención del dólar con el cepo y el impuesto “solidario” podrá extenderse hasta que la competitividad del sector exportador evidencie sus primeros crujidos. Para colmo, el gobierno decidió ponerse de enemigo a uno de los pocos sectores de la economía en condiciones de aportarle divisas.
Para fines de junio finalizarán los 180 días de congelamiento de las tarifas y nadie puede predecir la cotización del dólar en Brasil, Chile, México o Colombia, los países de América Latina que hicieron punta con la devaluación en las últimas semanas. Por no mencionar el peso de los subsidios a las empresas de servicios públicos en el resultado fiscal, que arrancó el año con el primer mes de los últimos 25 en el que los gastos crecieron más que los ingresos.
Por eso, es altamente probable que la inflación de marzo a junio se mantenga en niveles similares a los de febrero. Julio es la gran incógnita. Y su resolución dependerá del margen de maniobra que tenga el gobierno para salir del congelamiento, en caso de que no decida prorrogarlo.
Para entonces, la pérdida de competitividad derivada de la devaluación en los países vecinos, el peso de la factura de los subsidios en las cuentas públicas y la profundización del retraso tarifario pondrán en jaque a la endeble estrategia oficial para contener la inflación.