Buenos Aires, oct 23 (ANP).- El retraso acumulado de los precios regulados plantea un doble desafío por sus efectos fiscales en el presente e inflacionarios en el futuro, de acuerdo con un análisis de la consultora Quantum Finanzas.
“Desde abril de 2019, el índice de (precios) regulados subió 92%, acumulado un diferencial del 27% de la inflación núcleo”, generada principalmente a partir de fines de ese año, destacó la entidad dirigida por el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx.
Ese desfase entre los precios regulados y la inflación núcleo deja en evidencia lo relativo del índice general de precios, que en realidad es empujado hacia la baja por el congelamiento o ajustes administrados de las tarifas de servicios públicos.
En ese sentido, los últimos datos de inflación interanual informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento del 52,5%, pero en el mismo lapso los precios regulados registraron un aumento del 38,6% y en el otro extremo, la inflación núcleo fue del 56,9%, es decir 4,4 puntos porcentuales más que el nivel general.
Si se toma el período iniciado en abril de 2019 (cuando en el final de la gestión macrista se resolvió desandar el camino de rebaja de subsidios y congelar las tarifas), las diferencias son más marcadas: 92% de aumento en los regulados, 148% en la general, 162% en la inflación núcleo y 197% en los precios estacionales.
Esas diferencias -en particular los 70 puntos porcentuales que separan a los precios regulados de la inflación núcleo- no solo explican el desborde de los gastos en subsidios a la energía (electricidad y gas) y al transporte (colectivos y trenes) sino un interrogante de cara a un futuro no muy lejano, ya que la convergencia de todos esos precios redundará en una inflación mayor a la actual.
“La inflación no solo presenta un desafío de política económica por su elevado nivel, sino por el atraso que vienen mostrando los componentes regulados del índice”, remarcó al respecto Quantum, que advirtió sobre los “desafíos que plantea el atraso de los precios regulados.
En el campo fiscal, manifestó que “implica el desvío de mayores recursos hacia subsidios para posibilitar el funcionamiento de los prestadores de servicios, lo que dificulta el objetivo de reducción del déficit en un contexto de escasez de financiamiento para cubrirlo”.
Pero por otro lado, “la reducción de los subsidios es una de las pocas cartas que tiene el Gobierno para reducir el déficit fiscal ante la rigidez de otros gastos -jubilaciones, salarios, infraestructura, etc.- y muy probablemente sea un campo en el que el FMI solicite compromisos”.
Eso implicará “aumento de las tarifas y consecuentemente tasas de inflación más altas”, a lo que debe añadirse “la necesidad de revisar la política de ajustes en el tipo de cambio oficial, que también derivó en un tipo de cambio oficial real más bajo que hacia fines de 2019”.