Un ex presidente del Banco Central solía repetir una frase ante el riesgo de que los objetivos de inflación anual fueran desbordados por la realidad: «las metas que se corrigen, no son metas». Válido o no, el argumento fue desacreditado tan rápidamente que en 2018 la autoridad monetaria dejó de fijarse metas de inflación, resignada a que los porcentajes anunciados fueran superados muchos meses antes de la finalización del año.
Algo similar deben estar prensando en los despachos del Ministerio de Economía y del Banco Central desde que en septiembre del año pasado se publicara una proyección de alza de precios minoristas del 33% en el proyecto de ley de Presupuesto para 2022. En cierto modo, el rechazo de la oposición en el Congreso a la iniciativa oficial les permitió a Martín Guzmán y a Miguel Pesce eludir la responsabilidad de defender una meta cuyo incumplimiento se descontaba desde el principio.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó entre sus cláusulas un objetivo de inflación situada entre la franja del 43% y el 48%, es decir quince puntos porcentuales más que el nonato proyecto presupuestario. La meta tampoco parecía fácil de cumplir, pero al menos se esperaba que dejase cierto margen de maniobra para que la revisión no tuviera que pactarse de inmediato. Después de todo, tanto en enero como en febrero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tuvo un promedio de inflación esperada para todo el año del 55%, apenas siete puntos porcentuales más que el extremo superior de la meta que se iba a pactar en marzo con el organismo multilateral de crédito.
Con el acuerdo firmado y el establecimiento de ciertas pautas ordenadoras de la macroeconomía, se confiaba en que esa brecha de siete puntos podría reducirse y hasta eliminarse, en la medida que los índices de precios al consumidor mostraran una tendencia declinante.
La ilusión duró poco: las expectativas de marzo no solo no se mantuvieron sino que aumentaron al 59,2%, 11,2 puntos porcentuales más que el máximo acordado con el Fondo, y los datos de inflación del mes que se dieron a conocer días después agravaron las cosas, con un 6,7% que, anualizado, llegaba por primera vez a los tres dígitos en la Presidencia de Alberto Fernández.
El REM del último viernes fue un verdadero mazazo y si hacía falta un dato para confirmar que el mercado no confía en la marcha de la economía, el promedio de inflación esperada para este año no dejó el menor lugar a la duda: 65,1%. La diferencia ahora es de 17,1 puntos porcentuales o, si se prefiere, un 35,6% por encima del techo de la franja acordada con la gente de Kristalina Georgieva.
Lo único que queda por esperar es si luego de difundirse la inflación de abril el mercado volverá a corregir a las suba sus expectativas de inflación para este año. Por lo pronto, el 16,1% acumulado en el primer trimestre deja un margen de no más de un 2,7% de promedio mensual para los nueve meses restantes para poder cumplir con el ansiado 48%. Una meta que, como en la quiniela, parece un muerto que habla…