BUENOS AIRES (ANP).- El abogado constitucionalista Diego Armesto se refirió a la crisis política generada por la promoción que hizo Javier Milei de un proyecto de criptomonedas que causó pérdidas a miles de inversores y consideró que hoy por hoy, no hay delito, si bien aclaró que hay que esperar el resultado de la investigación del caso.
En una entrevista con CNN Radio, el letrado habló también sobre la nota que concedió a TN el mandatario, en la que se desvinculó del escándalo de la criptomoneda $Libra. En la entrevista televisiva, se pudo observar que un asesor interrumpía la charla para sugerir preguntas, escenas que no fueron incluidas en la versión oficial del video.
«La estrategia judicial, por lo que denota ese recorte, es mostrar que lo hizo de buena fe y que lo hizo como presidente pensando en todos los argentinos. Si el presidente decía que lo hacía por él, era un problema grave», señaló Armesto.

 

En este sentido, aclaró que las consecuencias políticas y judiciales van por dos carriles distintos, «pero se rozan, porque una de las causales de juicio político es el mal desempeño o delito en el ejercicio de la función, pero para destituir al funcionario se necesita indefectiblemente que exista una sentencia penal, y sabemos que cuando se trata de un funcionario en este país un juicio puede durar 15 o 20 años», advirtió.

Asimismo, el abogado destacó que «en un momento de la entrevista, Milei dice, para mí esto es un trabajo. Es un concepto errado sobre lo que es el cargo de presidente porque presidente sos las 24 horas. En otro sentido, hay denuncias penales que deben comprobarse en la investigación para ver si existe delito. En lo personal, por hoy no veo delito», resumió.

No obstante, señaló que se debe investigar ya que «si el presidente tenía vínculo con los realizadores, caemos en el 300 del Código Penal. Si el presidente tenía relación y cobró algo, es estafa. Ahora, ninguno de todo esto está comprobado.
Hay que esperar. Por eso, los pedidos de juicio político son prematuros», clarificó.

Detalló que “el artículo 2 de la ley de Ética Pública dice que el presidente, o cualquier funcionario, no puede promover un servicio, una empresa. Y el artículo 3 te dice que si algún funcionario hace eso, automáticamente hay que destituirlo», apuntó.

Sobre la entrevista concedida por Milei, indicó que el presidente estuvo bien asesorado en cuanto a hablar de difusión en lugar de promoción de la noticia.

«Cuando el periodista Jonathan Viale le pregunta si él promovió, él dice, yo no promoví, yo difundí. Es decir, está haciendo un juego, lo coachearon bien con el juego de palabras, para no utilizar la palabra promoción, que es lo que la ley está vedando. La entrevista estaba armada con una estrategia. Sabemos que son sinónimos».

El abogado constitucionalista aseguró que «hay algo que, como un principio del derecho, dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, el presidente no puede alegar su propia torpeza. Cuando vos cometés un error, y esta es la teoría de los actos propios, tenés que asumir la responsabilidad», comentó.

Por último, enfatizó que no basta con una disculpa y la justicia tiene que investigar y descubrir en todo este entramado quiénes ganaron, quiénes perdieron «y, principalmente cuál fue el objeto porque puede haber también acá tráfico de influencia. Es decir, ¿quién te lleva al presidente y le ofrece un negocio al presidente?».