BUENOS AIRES (ANP) La mayoría de las jubilaciones aprobadas en los últimos quince años se llevó a cabo sin aportes y sólo en el primer semestre de 2024 representaron el 70% del total, una proporción que deja en evidencia las dificultades de sustentabilidad del sistema previsional, reduce a una proporción mínima entre aportantes y beneficiarios y reactualiza la discusión sobre la necesidad de reformular un régimen laboral que desalienta la formalidad.
Así lo sostuvo la Fundación Libertad y Progreso (LyP), en un estudio en el que comprobó que «el 59% del total de beneficiarios de jubilaciones y pensiones accedió al beneficio mediante una moratoria, es decir, sin haber completado la totalidad de los aportes que exige la ley», según las estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a junio de 2024.
«Es decir que de los 7,2 millones de beneficiarios hay 4,3 millones de jubilaciones y pensiones otorgadas bajo regímenes administrados por la ANSES», una proporción que «denota un desequilibrio preocupante, cuyo origen está en la legislación laboral y previsional actual», planteó a entidad.
LyP señaló que «cuando se analiza la evolución de las nuevas jubilaciones y pensiones que se van otorgando año a año, se encuentra que cada vez más beneficios se otorgan en el marco de moratorias previsionales. Sólo el 25% de las jubilaciones y pensiones que se otorgaron en 2023 fueron sin moratoria. Mientras que en el primer semestre de 2024 la proporción fue del 30%».
«La dependencia cada vez más generalizada de las moratorias responde a que la tasa de informalidad laboral es alta», indicó, para citar estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la ubicó en un 50,4% el año pasado, mientras fue del 37,6% en Brasil, 26,4% en Uruguay y «menor al 5%» en los países de la OCDE.
Al respecto, la Fundación puso de relieve que «la combinación de un mercado laboral con elevadas tasas de informalidad, sumado al crecimiento de las moratorias, ha llevado a un mayor estrés en el sistema previsional debido a que se llevó la proporción aportantes-beneficiarios a niveles insostenibles», al punto que según datos oficiales a junio de este año «hay 1,51 aportantes por beneficiario, cuando la proporción sostenible es de 3,3».
La consecuencia de esa situación es que «el financiamiento de la seguridad social depende cada vez menos de los aportes que hacen los trabajadores y empresas y, en cambio, cada vez más de otras fuentes de financiamiento para cubrir los faltantes».
En ese sentido, precisó que el año pasado «solo el 51% de los recursos de la ANSES correspondió a Aportes y Contribuciones Sociales, mientras que el 41% estuvo explicado por el redireccionamiento de los ingresos por impuestos que no están directamente vinculados al trabajo, incluyendo el IVA, el Impuesto a los Combustibles Líquidos, Monotributo, el Impuesto al Cheque, Cigarrillos y el Impuesto PAIS, correspondiendo el 8% restante a rentas de la propiedad derivadas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y otros ingresos.
«Esta situación se ha visto agravada por el hecho de que en los últimos años se utilizó la liquidez del FGS para financiar el gasto público y sostener las paridades de la deuda del Tesoro. Según los informes publicados por la ANSES, a diciembre de 2023 el 74,6% de la cartera del FGS correspondía a títulos públicos nacionales y de entes estatales», agregó.