La presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023 dio lugar a más de una interpretación sobre la validez de las pautas sobre las que se elaboraron sus grandes trazos y la alta probabilidad de que, en los hechos, no se lo vaya a cumplir y deba ser continuamente modificado.
Los antecedentes de las últimas tres décadas son un buen sustento para esas sospechas: entre 1994 y 2022, 29 Presupuestos fueron objeto de cambios por parte del Poder Ejecutivo a través de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia que, sumados, representaron el equivalente a un poco más de cinco presupuestos “fantasmas”, que no fueron sancionados por el Congreso.
Las razones de esa anomalía -validada por la ley de Administración Financiera, pero abusada hasta el hartazgo por las sucesivas gestiones- son varias, aunque podrían resumirse en unos pocos conceptos:
. La inflación: las leyes de Presupuesto suelen subestimar las previsiones inflacionarias, una costumbre que se potenció a medida que los precios al consumidor fueron acelerando su aumento. Una razón inconfesable: presentar un proyecto con la verdadera pauta inflacionaria alentaría las remarcaciones. Una mentira piadosa que todos admiten off the record pero jamás dirán en público.
El repaso de las modificaciones año por año permite comprobar que los porcentajes fueron incrementándose a la par de la aceleración de la inflación. Y que, en tiempos de estabilidad de precios, las alteraciones fueron mínimas.
. Las dificultades de proyección: Un presupuesto es una previsión y la Argentina es un país imprevisible. Nadie puede estimar hoy la inflación del mes que viene, mucho menos los ingresos y gastos de diciembre de 2023.
A eso, hay que agregar que los porcentajes de ajuste de la Movilidad Jubilatoria (impredecibles con una inflación subestimada) no están contemplados en el proyecto.
. Los cambios políticos: En cualquier democracia normal, un presidente asume con un presupuesto sancionado durante la gestión de su predecesor, que incluso puede ser de otra fuerza partidaria. En la Argentina, eso implica entrar en una dimensión desconocida. No por casualidad, los porcentajes más elevados corresponden a 2016 (cambio de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri) y a 2020 (de Macri a Alberto Fernández, además con decreto de prórroga).
La lista podría continuar y seguramente dentro de un año habrá que actualizar la información con las modificaciones al Presupuesto 2023. Pero, en rigor, eso no será la culpa de los técnicos que lo elaboran sino de quienes tienen a su cargo las decisiones que tornan incumplible cualquier previsión.