BUENOS AIRES (ANP) Una eventual desaceleración de la inflación en el futuro traerá aparejado un problema inherente tanto a las características de la ley de Movilidad Jubilatoria como a la propia estrategia oficial de valerse de la suba de precios para licuar las erogaciones del sector público. Y ese problema es que a medida que se atenúan los índices inflacionarios, el gasto previsional aumenta en términos reales, exactamente lo inverso a lo que ocurre con la suba de esos índices.
La solución a esa trama no puede limitarse a la opción «miope» de modificar la ley de Movilidad para contraer aún más el valor real de las jubilaciones, sostuvo al respecto el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en un informe en el que advirtió a los candidatos presidenciales que las preocupaciones por cómo enfrentar el déficit cuasifiscal deben ser acompañadas por un abordaje de la cuestión previsional con similar nivel de atención.
«La dimensión y la dinámica de las leliq justifican tomarlas como un importante escollo para estabilizar la economía, pero más desafiante aún es lograr la estabilidad con recuperación del valor real de las jubilaciones», subrayó la entidad dirigida por Jorge Colina.
Al respecto, remarcó que «el primer paso es no caer nuevamente en la tentación de intentar perpetuar el ajuste previsional manipulando la movilidad» y el segundo es «una revisión minuciosa del complejo entramado de normas previsionales a los fines de aplicar un ordenamiento integral que permita de manera simultánea avanzar en la sostenibilidad financiera y en la equidad del sistema jubilatorio».
En un análisis de la dinámica de dos de los principales componentes del gasto público, IDESA observó que en 2017 «la inflación anual fue de 25% y el gasto previsional era de 9,6% del PBI» y cinco años más tarde el IPC trepó al 95%, con una caída de dos puntos porcentuales en el gasto previsional.
«Estos datos señalan que, si se lograra estabilizar la economía, automáticamente aumentaría el gasto previsional», ya que «como las jubilaciones se actualizan según la inflación pasada, la aceleración del aumento de los precios licua los haberes previsionales», señaló, al tiempo que indicó que «si la inflación baja, espontáneamente las jubilaciones tienden a recuperar el valor real perdido».
Esto implica que «el desafío fiscal no es solo eliminar el actual déficit primario (estimado en el entorno del 3% del PBI) sino también encontrar la manera de financiar una recuperación del gasto previsional no menor al 2% del PBI».
«Frente a este desafío, el planteo tradicional es proponer, como parte de un plan de estabilización, una nueva modificación en la fórmula de movilidad previsional que impida la recuperación de las jubilaciones», manifestó IDESA, pero planteó que «más allá de las consideraciones éticas, el esquema es miope», debido a que «la manipulación de la movilidad trae aparejada juicios», con un mayor gasto «por el ajuste de las jubilaciones con retroactivos, intereses y honorarios de los abogados».
Ese riesgo, continuó la entidad, «obliga a descartar herramientas que sirven para bajar gasto público presente a costa de futuros aumentos de gasto».
«Por eso es muy importante asumir que controlar el gasto previsional violentando el derecho de los jubilados a haberes móviles es aumentar la deuda del Estado (aunque no sea registrado como tal en la contabilidad pública)», advirtió.