BUENOS AIRES (ANP) Nunca fue tan inapropiada como en la actualidad la denominación del Presupuesto como «ley de leyes», en tiempos en los que se está aplicando una prórroga que, a fuerza de la inflación acumulada y los cambios en la administración política del Estado, dejó prácticamente nada del crédito inicial.
La ley 24.156 de Administración Financiera tuvo en cuenta las peculiaridades de la economía argentina y fue flexible ante circunstancias en las que el proyecto de ley de Presupuesto no puede ser aprobado o no se ajusta a los requerimientos de una nuevo gobierno. Algo totalmente diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, país en el que las prórrogas y ampliaciones por medidas del Poder Ejecutivo no están permitidas y, si el Congreso no interviene, se cae en el «shut down», cierre literal de la administración federal.
Ya pasó en 2011, 2020 y 2022, cuyos presupuestos fueron prórrogas de las leyes anteriores. En la campaña electoral que finalmente consagró presidente a Javier Milei, todo estaba diseñado para que volviera a pasar, ganara quien ganare las elecciones, ya que en ningún momento el proyecto de ley estuvo siquiera en consideración en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, primer paso para su tratamiento legislativo.
Fue así que Milei comenzó 2024 -del mismo modo que lo hubieran hecho Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti o Myriam Bregman- con una prórroga de una ley de Presupuesto que comenzó a elaborarse en abril de 2022, con Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda y un gabinete de 21 ministerios. Massa lo puso en práctica en 2023, ya con 19 ministerios, y a Luis Caputo le tocó lo propio, compartiendo el gabinete con siete colegas más.
Desde el inicio se descontaba que la prórroga sólo apuntaba a respetar una formalidad marcada por la ley de Administración Financiera, porque a las diferencias ya marcadas se le debe agregar que las proyecciones de la ley de Presupuesto 27.701 se hicieron en base a una inflación del 60%, cuatro veces menos que el acumulado interanual de la actualidad.
Tras el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2024, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso dejó en claro las diferencias entre el crédito original y el que -por ahora- quedó en vigencia. El «por ahora» podría ser el anticipo de un futuro nuevo DNU, debido a que aún los números formales no guardan relación con los reales: mientras Milei reitera hasta el cansancio que el equilibrio fiscal es innegociable y las cuentas públicas marcan superávits primario y financiero, el presupuesto prorrogado muestra un déficit financiero de más de siete billones de pesos.
El DNU formalizó un incremento en los recursos de $39.231.120 millones y en los gastos totales de $38.221.226 millones, de lo que se desprende una reducción del déficit financiero en $355.759 y del primario en $4.040.002 millones.
De esta manera, el crédito original de $28.061.785 millones pasó a ser de $86.936.782 millones, con un aumento del 209,8%; los gastos totales fueron de $40.250.029 millones a $94.005.224 millones y se incrementaron un 133,6%, una evolución desigual que se reflejó en importantes cambios en los resultados fiscales: el déficit financiero pasó de 12.188.244 millones a 7.068.442 millones, con una reducción del 42%, mientras que el primario de 7-762.206 millones se convirtió en un superávit de 3.735.645 millones.
La alteración de un Presupuesto original totalmente desdibujado quizás sirva de enseñanza para un país en el que la inflación y los vaivenes políticos desvirtuaron cualquier previsión de gastos y recursos. Por lo pronto, el próximo 15 de septiembre se abre la oportunidad.