BUENOS AIRES, OCT 19 (ANP) – El escribano Jorge De Bártolo asumió como presidente del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para el período 2021-2023. Junto con él, asumieron los escribanos Esteban Urresti como vicepresidente; y Roxana Cutri Hollar y Bernardo Mihura de Estrada como secretarios.
Con todos los protocolos sanitarios, se pudo realizar la ceremonia de asunción que contó con la presencia en el estrado del secretario de Justicia. Juan Martín Mena; el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta; el vicepresidente Primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana; y el procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa.
Además, asistieron autoridades de Nación y de CABA, y de distintos organismos vinculados e instituciones notariales de todo el país.
En su discurso, De Bártolo destacó que “el escribano lleva a cada rincón del país en forma idónea la fe pública, la autenticidad, el control de legalidad, la registración de contratos y derechos, la recaudación fiscal en todos sus ámbitos, el control del lavado de dinero, la protección de las minorías, la protección de la parte débil en un contrato, la igualdad de oportunidades y tantas otras actividades que habitualmente despliega un colega”.
En esa línea, agregó: “La función de nuestra Institución no debe limitarse únicamente a la defensa de los intereses de un grupo profesional, sino que por el contrario debe acentuarse en el concepto de servicio a la comunidad».
De Bártolo expresó también que «debemos trabajar con las autoridades públicas, ofreciendo no solo nuestros servicios sino también presentando múltiples proyectos, a través de los cuales quede garantizada la seguridad jurídica y la transparencia de nuestra intervención profesional».
Con respecto a las responsabilidades que atañen al notariado y que aportan a las nuevas formas jurídicas, el nuevo presidente dijo que «los escribanos de todo el país constituyen el mejor sistema de descentralización de ciertas funciones públicas, sin costo para el Estado y alivianando así las funciones primordiales del mismo».