BUENOS AIRES, ABR 5 (ANP).- Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó hoy su apoyo al proyecto de Ley presentado por Sergio Massa para crear la figura de “vandalismo rural” para penar los ataques a silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales.
“Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsa y por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto” , destacó la entidad ruralista a través de un comunicado.
El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, aseguró una de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace Agropecuario.
Durante el año pasado “se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros”, agregó el comunicado.
Con estas acciones vandálicas “se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público”, agregó CRA.
Desde la entidad recordaron que “los delitos que no están tipificados en nuestro Código Penal, no pueden ser pasibles de ningún tipo de sanción” y por ello, “resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública”.
Es por ello que este Proyecto propone una modificación necesaria al Código Penal, para que los mencionados delitos sean considerados como tales.
Es así que el incendio y / o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y / o diferentes sitios y / o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.
CRA termina destacando que “una sociedad jamás puede crecer sino distingue a los hombres de bien de los delincuentes y a estos, los condena, conforme el daño que generan”.