BUENOS AIRES (ANP).- Febrero comenzará para el gobierno no solo con la avanzada en el Congreso para conseguir la reforma laboral, sino también con conflictos con los gremios del transporte, no solamente con los aeronáuticos sino también con el transporte urbano de pasajeros.
En medio de los reclamos de la UTA por un aumento salarial por debajo de las expectativas, funcionarios de la Secretaría de Transporte mantuvieron hoy una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA.
Tras el encuentro, la Secretaría de Transporte anunció esta tarde la decisión de realizar una auditoría integral del sistema por lo que retendrá los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se les detectó irregularidades.
Desde la Secretaría aclararon que se trata de una medida «transitoria», aunque es indudable que sumará presión a la negociación que se viene llevando a cabo, con amenazas de los sindicalistas de comenzar con medidas de fuerza.
No solamente las empresas estarán bajo la lupa, sino que además se ordenó una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, que se sumarán a los informes de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Lo que se busca «es garantizar que la distribución de compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados», señaló Transporte en un comunicado.
Al conflicto con el transporte urbano automotor se sumará la discusión con los controladores aéreos, que no lograron llegar a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por lo que retomarán las medidas de fuerza desde el mes que comienza el domingo.
De esta forma, y en medio de la última parte de la temporada vacacional, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) adelantaron que retomarán su cronograma de paros en aeropuertos de todo el país, ya que se venció la conciliación obligatoria sin llegar a un acuerdo.