BUENOS AIRES (ANP).- Ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la delegación nacional refutó la estrategia del Reino Unido para avanzar en explotaciones petroleras en Islas Malvinas, advirtió sobre el daño ambiental y económico irreversible del proyecto Sea Lion y exigió medidas provisionales urgentes.
Argentina concluyó su segunda ronda de alegatos en la disputa por la explotación unilateral de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Al remarcar la inminencia de las perforaciones y el impacto de un daño que ningún fallo posterior podrá revertir, la defensa nacional resumió la gravedad del momento con una advertencia contundente: “Es ahora o nunca”.
Durante la audiencia celebrada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), la comitiva argentina rechazó todos los planteos del Reino Unido. La estrategia se centró en demostrar cuatro pilares jurídicos indispensables para el dictado de medidas cautelares: la competencia prima facie del tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real de un perjuicio irreparable y la urgencia extrema de frenar los trabajos antes de que comience la extracción en el yacimiento Sea Lion.
El inicio de la exposición estuvo a cargo del profesor Marcelo Kohen, quien eligió el francés —uno de los idiomas oficiales del tribunal— para cuestionar con severidad la actitud de Londres. Kohen acusó al Reino Unido de pretender ejercer derechos de soberanía sobre la plataforma continental ignorando de manera escandalosa que la disputa territorial sigue abierta y pendiente de resolución en el ámbito de las Naciones Unidas.
Asimismo, el jurista aclaró ante los magistrados que la Argentina no solicita ni necesita que el Tribunal se expida sobre la cuestión de fondo de la soberanía para dictar medidas provisionales. De este modo, reafirmó que el organismo tiene plena facultad para resguardar los derechos de ambas partes de forma preventiva.
Uno de los puntos centrales del debate técnico gira en torno a la denominada competencia prima facie. Este concepto jurídico implica que existen fundamentos legales suficientes para considerar, de forma preliminar, que el conflicto involucra la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En términos prácticos, la postura argentina sostiene que, mientras persista la controversia, Londres tiene vedado avanzar de manera unilateral en la extracción de recursos naturales no renovables. Según explicó la delegación, el Tribunal puede y debe intervenir para evitar hechos consumados sin necesidad de resolver a quién pertenece la soberanía del archipiélago.
Tras la intervención de Kohen, tomó la palabra el jurista Nico Schrijver, quien enfocó su alegato en la urgencia del caso y en el peligro de un daño irreversible. Schrijver detalló que el escenario cambió de manera drástica tras la decisión final de inversión tomada el 10 de diciembre de 2025, hito con el cual el proyecto Sea Lion dejó atrás la etapa exploratoria para ingresar en una fase concreta de explotación comercial.
El plan británico contempla la perforación de hasta 26 pozos, el despliegue de infraestructura submarina permanente y una producción estimada en 310,5 millones de barriles de crudo. En una sala colmada de tensión, Schrijver advirtió que, una vez perforado el primer pozo de extracción, el daño será permanente y ya no quedarán recursos por preservar.
El cierre de la posición argentina quedó en manos de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal. El diplomático subrayó que el país aportó pruebas y argumentos sólidos para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que exige el derecho internacional para ordenar una medida de no innovar.
Oyarzábal denunció además una maniobra deliberada de la delegación británica para tergiversar el eje del reclamo. Según expuso, el Reino Unido intenta presentar el caso como un litigio estrictamente sobre soberanía territorial con el único objetivo de cuestionar la jurisdicción del Tribunal y lograr que se rechace la presentación argentina.
Finalmente, el representante de la Cancillería reiteró formalmente las cuatro medidas provisionales que la Argentina exige ordenar de inmediato:
- Impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas al proyecto Sea Lion.
- Evitar el uso perjudicial de la información geológica obtenida durante las tareas de exploración previas.
- Permitir que la República Argentina pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de protección del medio marino en la zona.
- Prevenir cualquier nueva acción unilateral que tienda a agravar o extender la controversia vigente.