BUENOS AIRES (ANP) La probable sanción del paquete fiscal «habilita a que Argentina reduzca y elimine impuestos distorsivos, incluyendo el impuesto inflacionario, y tenga una estructura impositiva más similar a la de los países desarrollados», sostuvo hoy la Fundación Libertad y Progreso (LyP), en reclamo de un esquema similar al de los países desarrollados, en los que los impuestos a los ingresos de personas y empresas tienen una participación que en promedio casi triplica a la de nuestro país.
«Según las estadísticas de la OCDE, los países que integran esta organización tienen una estructura impositiva muy diferente a la de Argentina», indicó la entidad al respecto, destacando que al respecto «estos países se financian principalmente con impuestos a los ingresos, de las personas y empresas, que explican el 35% de los ingresos tributarios».
Por el contrario, en la Argentina, tras la última reforma del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, la participación de los Impuestos a los Ingresos sobre el total cayó a un 14%; menos de la mitad que en la OCDE y también menos que en el promedio de América Latina, que es del 25%».
De acuerdo con el informe de LyP, la participación de los impuestos a los ingresos sobre el total de la estructura tributaria es en la Argentina del 13,6% (3,8% para personas y 9,8% para empresas), en América Latina del 24,5% (9,5% y 15%) y de los países de la OCDE del 34,1% (24,4% y 9,7%, respectivamente).
Otra diferencia es la del uso de Impuestos Específicos a los Bienes y Servicios, que en general «son los más distorsivos», sostuvo LyP, que explicó que «en la OCDE la participación de estos impuestos sobre el total recaudado es del 12%, mientras que en América Latina este porcentaje crece al 20% y en Argentina es del 27%», entre los que se incluyen «varios que son contrarios al crecimiento, como el Impuesto PAIS, los Derechos de Exportación y el Impuesto al Cheque».
También señaló que en la Argentina la participación de los impuestos sobre la Propiedad (esencialmente Bienes Personales) es mayor que en los países desarrollados (10% vs 5,5%), debido a que las alícuotas de este impuesto son mayores y que hay menores deducciones que en otros países, lo que a juicio de la entidad «desincentiva el ahorro nacional».
«En promedio, los países de la OCDE, tienen un PBI per cápita que es 3,1 veces el argentino. Es decir, en promedio, los habitantes de la OCDE tienen un ingreso anual que es más del triple que el del argentino medio. Avanzar hacia una estructura impositiva más equilibrada y similar al de estas economías es una de las principales reformas que necesita el país para crecer y que el ingreso por habitante converja al de las economías desarrolladas», remarcó la Fundación.
LyP caracterizó a la estructura tributaria argentina como «90/10», ya que «si bien existen 148 impuestos y tasas, el 90% de la recaudación está explicada por solo 10 tributos», de lo que se desprende que «existe una gran cantidad de impuestos y tasas que no están cumpliendo una función recaudatoria significativa, pero que sí afectan negativamente a quien trabaja y produce desincentivando invertir capital en el país, la formalización de la economía y la creación de empleo».
«La clave es que las medidas que se introducen en el Paquete Fiscal, siendo las más importantes la restitución del Impuesto a los Ingresos Personales (Ganancias para personas humanas), sea el punto de partida para que el Estado empiece a financiarse con impuestos menos distorsivos y, en consecuencia, se puedan eliminar otros tributos que perjudican la actividad económica y la acumulación de capital sin comprometer el equilibrio fiscal».
En ese sentido, advirtió que «este tipo de impuestos, que incluyen al impuesto inflacionario, recaen más que nada sobre los más vulnerables, que también son los más afectados por el estancamiento económico».
Por tal razón, LyP abogó por «una reforma impositiva integral, que incluya a la Nación, las Provincias y los Municipios», que incluya «la eliminación de la Coparticipación Federal de Impuestos y la devolución de potestades tributarias a las provincias, en línea con lo definido en la Constitución Nacional», si bien régimen señalado está incluido en la reforma de 1994.
La reforma propuesta incluye «la creación de un IVA provincial que deberá suplantar la recaudación de Ingresos Brutos, lo que vendrá de la mano de una reducción de la alícuota del IVA nacional para no crear una presión impositiva excesiva», además de avanzar «lo más rápido posible en la reducción de los Impuestos al trabajo para favorecer la creación de empleo formal», así como «establecer un cronograma gradual de eliminación del Impuestos a los Bienes Personales, cuya existencia desincentiva el ingreso de capitales y el ahorro en el sistema financiero argentino».
Por último, reclama «eliminar los impuestos distorsivos que ahogan a la economía: el Impuesto PAIS, los derechos de exportación, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, el Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos».