Buenos Aires, (ANP) – Aunque todo el mundo crea que en algo que sucedió no va a volver a ocurrir en Argentina, la realidad es que las cosas se repiten. Por eso cuesta mucho creer que el país va a estar en condiciones de ofrecer a empresas estabilidad cambiaria, regulatoria y fiscal por 30 años como lo está tratando de hacer el gobierno libertario. ¿Hay algo que impida que un nuevo gobierno de centro izquierda anule las medidas que esté tomando el actual?.
Uno de los abogados con mayor experiencia en temas energéticos de la Argentina recomendó al gobierno de Javier Milei hace un uso muy acotado del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para evitar que en el futuro sea fuente de nuevos y millonarios juicios en tribunales arbitrales internacionales.
Se trata de Pablo Rueda, uno de los directores del estudio jurídico Martinez de Hoz & Rueda (MHR), quien participó de una charla en la Facultad de Derecho de Buenos Aires.
Rueda hizo un planteo sobre las consecuencias negativas que podría tener otorgar a empresas indiscriminadamente ventajas fiscales regulatorias y de tipo cambiario por 30 años, que pasado un tiempo y un cambio de gobierno, no se pudieran mantener.
“El RIGI crea ambientes regulatorios especiales que no es el igual al general. Crea espacios donde el régimen general no aplica. Tengo régimen cambiario especial garantizado a largo plazo y normas regulatorias por 30 años garantizadas”, explicó.
Señaló que el régimen que ahora está siendo analizado por el Senado, en el marco de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, le asegura a las empresas inversores “acceder a insumos y transportar por 30 años sin que se lo puedan afectar”.
“Esto es importantísimo para viabilizar proyectos como el GNL (Plantas de Licuefacción). Si tengo una planta de GNL sin gas no sirve. Esto es fundamental para que haya grandes inversiones”, explicó el abogado.
Rueda sostuvo: “la mirada importante del RIGI es que si voy a garantizar estabilidad impositiva, cambiaria y regulatoria, si soy un gobierno serio, se lo garantizo a muy pocos proyectos”. “Sino después voy a tener que pagar el plato cuando cambie el gobierno”, explicó.
El experto advirtió que “si nos quejamos de cómo se nacionalizó el paquete de control de YPF, que es criticable, hay que pensar ahora si el país va a dar garantías que no va a poder cumplir, que van a resultar carísimo porque tienen arbitraje internacional”.
No obstante, indicó que “es muy bueno tener RIGI para el sector hidrocarburífero aunque tiene que ser usado solo para lograr proyectos que lo coloquen a nivel internacional y no dárselo a todo el mundo”.
“Si se lo damos a todo el mundo, primero vamos a incentivar que cuando venga el próximo gobierno no lo respete. Vamos a crear una nueva catarata de juicios que nos van a salir carísimos y el RIGI no va a haber servido”, sostuvo.
El letrado fue más claro al sostener que “el RIGI sirve si es chico, no sirve si es grande”.
La macroeconomía y la energía
En otro aspecto, durante su charla detalló la estrecha relación que existe entre la macroeconomía y la actividad de los hidrocarburos.
Sostuvo que existe una “dependencia enorme del sector respecto de la macro” y recordó, por ejemplo, que “el gasoducto Nestor Kirchner se hizo con fondos públicos porque había cepo”.
“Si se quiere promover el desarrollo del sector con un modelo con cepo tiene que haber obra pública”, explicó Puerta en una crítica a la decisión de MIlei de cortar la inversión de capital en Argentina.
“Estamos buscando el equilibrio fiscal y esto implica que se suspende la obra pública y eso va a tener impacto hoy”, añadió el abogado de MHR.
Como las dimensiones de las inversiones que hay que hacer en Argentina requieren la intervención del sector privado a nivel internacional, Rueda dijo que entonces el país necesita “levantar el cepo o tener RIGI”.
