Los salarios tuvieron una pérdida del 8,16% al 32,63% en los tres años primeros años de la Presidencia de Alberto Fernández respecto de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide los niveles de indigencia, según el informe dado a conocer hoy por la Fundación Libertad y Progreso (LyP).
En base a la medición de diferentes datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la entidad señaló que entre diciembre de 2019 y el mismo mes del año pasado la CBA acumuló una suba del 331%, superior a todas las variables salariales conocidas: 304% para los empleados privados registrados, 301% para los del sector público, 288% para los salarios en general, 267% para el Mínimo, Vital y Móvil y 223% para los informales.
De esas diferentes evoluciones, surge una pérdida respecto de los gastos de indigencia del 8,16% para los trabajadores privados formales, 9,06% para los estatales, 12,99% para el nivel general, 19,33% para el Salario Mínimo y 32,63% para los privados no registrados.
«Lamentablemente, el gobierno argentino se sigue financiando a través del impuesto inflacionario», sostuvo el economista de LyP, Lautaro Moschet, quien agregó que «al no generar riqueza, la inflación sirve para traspasar recursos desde el sector privado hacia el sector público, empobreciendo a los ciudadanos y disminuyendo su poder de compra.»
«Aquí es donde aparece el argumento contradictorio, dado que el enorme gasto social se utiliza en teoría para ayudar a los más necesitados. Pero en verdad, esto agiganta al déficit fiscal, que a su vez se cubre con emisión monetaria. En consecuencia, aumenta la inflación y licúa el poder adquisitivo, generando un aumento de pobreza”, completó.
Para Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación, “los números muestran que es necesario darle un shock productivo al mercado de trabajo en Argentina. Hoy se combina la caída en el poder adquisitivo del salario promedio junto con una tendencia al estancamiento en la creación de empleo asalariado registrado. El sector informal y los independientes se han convertido en la válvula de escape de un sistema que no da incentivos a la creación de empleo”.