La decisión administrativa 4, por la que la Jefatura de Gabinete dispuso la distribución de gastos y recursos del Presupuesto 2023, no incluye erogaciones por un total de $676.577 millones que el Congreso incorporó a la ley y que no formaban parte del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el informe dado a conocer hoy por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La entidad bicameral indicó en su informe que esos gastos no contemplados en la decisión administrativa quedaron «pendientes de realización durante el ejercicio presupuestario», por lo que resta saber si formarán parte de modificaciones presupuestarias posteriores o directamente no serán ejecutados.
Como es habitual, en enero de cada año la Jefatura de Gabinete da a conocer una decisión administrativa que «detalla analíticamente los niveles que se aprueban por ley, constituyendo un instrumento operativo, porque es la base sobre la cual actúa la administración pública», precisó la OPC.
«El artículo 30 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional determina que, luego de sancionada y promulgada la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo deberá decretar la distribución administrativa del presupuesto de gastos, que consiste en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto general», agregó.
En este caso, la DA «no modifica el nivel total de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras aprobados por los artículos 1 a 4 de la Ley 27.701 de presupuesto del ejercicio 2023 para la Administración Nacional», pero en cuanto al detalle por programas no incluye una serie de gastos que no estaban contemplados en el proyecto de ley, pero que los legisladores incorporaron en el debate parlamentario.
Esos gastos se refieren a «Autorización de obras y adquisición de bienes y servicios que inciden en ejercicio futuros» ($198.878 millones), «Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos» ($1.000 millones), «Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos» ($500 millones), «Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País» ($18.946 millones), «Asignación a la provincia de La Rioja y sus municipios» ($21.300 millones), «Incorporación de créditos a determinados programas» ($ 327.075 millones) y «Asignación mínima de 1,33% del PIB en materia educativa» ($108.878 millones).
Respecto a este último ítem, la OPC aclaró que «el 1,33% del PIB equivale a $1 .957.386 millones y los créditos asignados por el PEN a la función Educación y Cultura para 2023 totalizan $1 .754.022 millones».
«Dado que el artículo 116 contempla nuevas autorizaciones de gastos específicas en materia educativa por $95.286 millones (becas PROGRESAR, FONID, infraestructura y equipamiento escolar y remodelación del Palacio San José) restarían asignare incorporar al presupuesto$108.878 millones a lo largo del ejercicio para cumplir con la meta establecida», finalizó.