El 36,9% del recorte del gasto que tuvo la Administración Pública Nacional en octubre correspondió a diferentes prestaciones sociales que, por su proporción en el total de las erogaciones, superaron incluso a la baja en subsidios económicos, de acuerdo con la investigación difundida hoy por la Fundación Libertad y Progreso.
La entidad dirigida por Agustín Etchebarne precisó que el mes pasado el gasto primario del Sector Público Nacional cayó 13% interanual en términos reales y que de ese total «se observa que 36,9% de esta reducción estuvo explicada por la caída en las Prestaciones Sociales, otro 30,6% por la caída en Gastos de Funcionamiento del Estado, 25,5% por menores Subsidios Económicos, 10,8% por una baja real en las Transferencias a las Provincias y 4,3% por Otros Gastos».
En sentido inverso, aportaron a la suba del Gasto con una incidencia de 2,7% Gastos de Capital y Transferencias a
las Universidades con 5,4%.
Si bien la caída de las prestaciones fue del 9,3% real interanual, «su peso sobre el total del Gasto hace que su contracción sea la que más aporta a la reducción general», alcanzando el 36,9% mencionado por LyP.
Dentro de las Prestaciones Sociales, el mayor ajuste se observó en las Prestaciones del INSSJP (PAMI, -24,2%). En la misma línea se movieron las Jubilaciones y Pensiones Contributivas (-6,2%), Asignaciones Familiares y por Hijo (-12,2%), y Otros Programas (-16,9%). En cambio, las Pensiones No Contributivas aumentaron en términos reales (+11,9%).
Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “la mayor parte del ajuste se
explica por las jubilaciones y asignaciones familiares que están atadas a la nueva fórmula jubilatoria, vigente desde 2021, y que ajusta en parte por IPC y en parte por salarios».
«Con estos últimos corriendo por debajo de la inflación, la fórmula contribuye a que este rubro del gasto Primario caiga en términos reales”, indicó. además de señalar que «se empiezan a ver reducciones en los gastos sobre los que el gobierno tiene un mayor margen de discrecionalidad: subsidios económicos y transferencias a las provincias. Aún no se ha sumado el ajuste sobre la obra pública (Gastos de Capital) pero es probable que lo observemos en los próximos meses”.
Lautaro Moschet sostuvo que “el incipiente ajuste fiscal es una buena señal para las expectativas de inflación, dado que permiten moderar la asistencia del Banco Central al Tesoro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo recae principalmente sobre la gente, y en particular, sobre los jubilados, que ya se encuentran al límite de la pobreza. El próximo desafío será recomponer los salarios y para que esto ocurra, deberá aumentar la productividad de la economía como consecuencia de un incremento en la inversión», finalizó.