La consultora Invecq relativizó el alcance de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, y sostuvo que sus números «no cierran», debido a que el ahorro fiscal que representa la quita de subsidios, si se lo complementa con el otorgamiento del bono a jubilados por tres meses y lo que se espera recaudar por anticipo adicional del pago de Ganancias, representaría tan solo el 0,05% del PBI para este año, con un desvío estimado en casi un punto porcentual respecto de la meta de 2,5% acordada con el FMI.
«Todo parecería indicar que el nuevo ministro se convenció con la teoría de que lo que estaba desestabilizando las variables financieras y cambiarias que lo llevaron a reemplazar a Batakis era más la política que la economía», evaluó la entidad dirigida por Esteban Domecq.
Con ese convencimiento, «con un cambio de nombres y la llegada de una figura de mayor peso político todo se ordenaría, sin la necesidad de llevar acabo medidas de ordenamiento económico de relevancia», sostuvo Invecq que interpretó Massa, pero advirtió que «si bien claramente la política desordenada agravaba las dinámicas desestabilizantes, los problemas de fondo son económicos y no tendrán solución hasta que no se decida encarar una serie de reformas que logren poner en orden de manera sostenible en el tiempo los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios».
«Si el gobierno no ve esto, corre el riesgo de confiarse en esta ‘estabilidad’ en la que parece haber entrado la economía en el último mes, que no tiene bases sólidas y puede revertirse en cualquier momento», manifestó, por lo que «un nuevo salto cambiario e inflacionario dejaría a Massa, la mayor apuesta política del gobierno desde el inicio de la gestión, debilitado para conducir el Ministerio hasta diciembre de 2023».
Como se especificó que luego de los incrementos tarifarios sus niveles quedarían fijos durante todo el año próximo, «un nuevo ciclo de atraso real está garantizado durante el año que viene en una economía que está viajando sobre una tasa de inflación del orden del 100% anual».
«Si no se establece un esquema de sostenimiento de los precios reales, tipo indexación, aún las tarifas del primer grupo demandarán en pocos meses desembolsos del Estado para cubrir la brecha entre un precio congelado y un costo energético en alza», alertó.
Al respecto, indicó que, precisamente por efecto de la inflación, «una factura por un consumo promedio de la distribuidora EDENOR que aumentaría hasta los 5.217 pesos en los próximos meses, volvería a descender hasta los 2.600 pesos (constantes) durante el año 2023», con el consecuente nuevo aumento de subsidios.
«Un caso similar, aunque no formó parte de los anuncios de esta última conferencia, se observa en el servicio de transporte interurbano», acotó Invecq, que explicó que «el boleto de colectivo mínimo en el AMBA que pasó de $18 a $25,2 en agosto, sin nuevas actualizaciones volverá a estar por debajo de los $18 de julio (a valores constantes) en el mes de febrero 2023».
En cuanto al ahorro previsto para lo que resta de 2022, los $49.500 millones que prevé recortar la Secretaría de Energía representan «tan solo 0,06% del PBI», insuficientes para contrarrestar el 0,14% de más gasto que implicará el bono a los jubilados en septiembre, octubre y noviembre.
Asimismo, los ingresos de $250.000 millones por el anticipo adicional de Ganancias se reducen a $100.000 millones por tratarse de un impuesto coparticipable, con lo que «el neto de estos tres elementos arrojaría una reducción del déficit fiscal de 0,05% del PBI».
«Si decimos que el desvío con respecto a la meta es de casi 1% del PBI con 0,05% no estamos ni cerca de empezar», sentenció la consultora, que por otro lado indicó que en agosto «por segunda vez desde que se volvió a contar con mediciones confiables, la jubilación mínima no alcanzó para superar la línea de pobreza por adulto equivalente».
«La frazada está más corta que nunca», concluyó Invecq, en un análisis del que se desprende la insuficiencia de los ajustes anunciados. ¿Habrá más?